Masallana

Vendrán fondos europeos si se acomenten «reformas» en el mercado de trabajo y en el sistema de pensiones.

En estos días, se pueden leer titulres como el siguiente: «La Unión Europea advierte por escrito de que sin reformas no liberará los fondos.» Es decir, por un lado, el Gobierno debe imponer normas para que las empresas tengan más poder sobre los recursos humanos que compran el mercado de trabajo y así puedan obtener más beneficios con el esfuerzo ajeno. Y, por otro lado, el Estado debe privatizar el servicio de disponer de fondos cuando las personas ya no pueden ofrecerse en el mercado de trabajo y, de este modo, el capital podrá obtener ganancias con nuestros ahorros cuando dejemos de ser útil a la generación de beneficios empresariales.

La Europa del capital impone dos tipos de «reformas» con el mismo objetivo, aumentar los beneficios del capital: una primera para cuando podemos trabajar para las empresas; otra para mejorar las ganancias del capital financiero cuando ya no podemos trabajar para el capital empresarial. Leyes y normas para sacarnos riqueza a lo largo de toda nuestra vida.

El régimen político actual consiste en elegir a una representantes políticos que posteriormente deberán hacer lo que les dicte el capital, con más o menos premios, con más o menos chantajes. Con palo, pudiéndote llevar a los Tribunales por cualquier nimiedad, o zanahoria, pudiéndote llevar a un Consejo de Administración de una gran empresa cuando termines tu periodo como representante político.

La democracia capitalista es aquella en la que la soberanía la tiene el capital. La democracia popular pasó a mejor vida. El neoliberalismo no es menos Estado, sino un Estado que asegure la soberanía del capital sobre la soberanía popular. Y eso significa más riqueza para quienes ya la tienen.

Lo políticamente digno es reconocerlo. Decirlo tal cual, aunque debas reconocer que tu poder es limitado y gran medida impotente. Sólo así un gobierno de izquierdas, o progresista o como quieran denominarse, será útil a la mayoría de la gente: diciéndole en qué clase de sistema sociopolítico vivimos.

«Next generación», es decir, próxima generación. Así denominan a los fondos europeos que deberán combatir la crisis económica actual.Los neoliberales quieren fondos estatales; quieren la intervención pública. Nunca han querido lo contrario, pese a la propaganda. La política neoliberal no consiste en menos estado, sino en poner al estado al servicio del capital. O sea, menos estado para gastos sociales y mejora de la vida de la gente (tenga o no dinero); y todo el estado para mejorar la obtención de beneficios (mejora de la vida de la gente que tiene dinero). Por eso el neoliberalismo está causando los mayores niveles de desigualdad de la historia.

Los fondos europeos servirán, por tanto, para salvar empresas de capital de «esta generación». La «próxima generación» será la encargada de pagarlo. La deuda como negocio y saqueo permitirá al capital financiero seguir obteniendo beneficios.

El gasto público keynesiano tenía como objetivo impulsar la demanda, mejorar la distribución de la riqueza. El gasto público neoliberal tiene como objetivo salvar a la oferta, a las grandes empresas, y de ese modo aumentar la desigualdad, la precariedad y la injusticia.

Y lo hará por dos vías esenciales: una, el capital financiero prestará dinero a las instituciones públicas, de las que cobrará intereses; dos, ese dinero público irá a empresas propiedad de ese capital financiero, de las cuales obtendrán más beneficios.

Ese es el juego: más desiguadad, más riquezas para los mismos y más trampas para la próxima generación.

Y, ante esto, silencio casi absoluto. Ninguna crítica. Trampas que ofrecen queso y te pillan el futuro. Una gente perdida, las mayorías que tan sólo ven el queso; otra, la minoría, a la espera de algún premio o «pedrea» a costa de la «next generación» atrapada.

R.H. Tawney escribió: «La economía del municipio medieval era tal que el consumo ostentaba, en cierta medida, la misma primacía en la mentalidad pública, como árbitro indiscutido del esfuerzo económico, que el siglo XIX atribuía a los beneficios.» E.P. Thompson, nos dice en referencia a principios del XIX: «La ‘naturaleza de las cosas’ que en otros momentos había hecho imperativa, en épocas de escasez al menos, una solidaridad simbólica entre las autoridades y los pobres, dictaba ahora la solidaridad entre las autoridades y el ‘empleo de capital'».

Con el capitalismo liberal se pasó de la solidaridad con los pobres a la solidaridad con el “empleo de capital”. Ahí seguimos. El neoliberalismo no es más que la puesta a disposición del capital de toda «la solidaridad» del Estado. Carlos Sánchez Mato muestra por cuanto va el coste del rescate bancario: entre 2008 y 2019, casi 87.000 millones de euros. En democracia hay dinero para lo que diga la gente. En este sistema lo hay normalmente para lo que digan los «expertos» y ejecutores políticos y técnicos a sueldo del capital. De ahí la imposibilidad política, que no real, de la Renta Básica. Mientras la economía política del capital sea hegemónica, la «economía moral» que permitía el abastecimiento de las multitudes se someterá a los dictados de los beneficios.

Hoy se está fraguando la «deuda» que les proporcionará beneficios en los siguientes años, ya sea mediante intereses, ya sea mediante el chantaje previo, y privatización posterior, de actividades como la educación, la sanidad, los cuidados o las pensiones o cualquier otra que debería ser pública y universal. Están preparando el próximo saqueo, debemos estar preparados no solo para resistir, sino para contraatacar. La resistencia es un canción que nos dice que aguantemos donde estamos. Resisir no basta, nos deja en el mismo sitio.

Necesitamos una economía moral que deje de hacer la generación-civilización más inmoral de la historia.

Artículo publicado en Portal de Andalucía: https://portaldeandalucia.org/opinion/del-latifundio-al-comun/

“El agua no la aminoro/ yo voy a la fuente y bebo/ y el agua no la aminoro/ lo que hago es aumentarla/ con las lágrimas que lloro.” Letra flamenca.

Crear comunes: evitar robos a los que no tienen nada  

Lo “común” es un término central de la alternativa al capitalismo neoliberal. Se ha convertido en el principio efectivo de los combates y los movimientos que han resistido a la dinámica del capital. Para Dardot y Laval[1], es la fórmula que movimientos y corrientes de pensamiento que quieren oponerse a la tendencia principal de nuestra época: la extensión de la apropiación privada (enclosures, cercamientos) a todas las esferas de la sociedad, de la cultura y de la vida. Los actores de Cochabamba, Bolivia, lo expresaban así: “Hemos sufrido un gran robo, cuando no somos propietarios de nada”.

En principio, se entendió por “comunes” al conjunto de las reglas que permitían a las gentes campesinas de una misma comunidad el uso colectivo, regulado por la costumbre, de caminos, bosques, pastos, etc. A día de hoy se le da un contenido más amplio, que comprende todo aquello que podría convertirse en blanco de privatizaciones, cercamientos, procesos de mercantilización, pillajes y destrucciones llevados a cabo en nombre del capitalismo neoliberal. Hoy, crear o recuperar comunes contiene una orientación universal de las luchas contra el capitalismo neoliberal: la decisión de reapropiarse, colectivamente y de forma democrática, de recursos y espacios acaparados por los oligopolios privados y los intermediarios y fondos financieros. En suma, se trata de un elemento central de los diferentes movimientos que existen por todo el mundo en contra de la apropiación privada y excluyente de los recursos naturales, los espacios y los servicios públicos, los conocimientos o las redes de comunicación.

El movimiento general de cercamientos o privatizaciones impulsado por el capitalismo neoliberal está dirigido por las grandes empresas, apoyadas por los gobiernos sometidos a la lógica del mercado capitalista. La extensión de la mercancía, el peso creciente de las grandes empresas y la presión de la lógica de la propiedad van de la mano y no conocen ningún límite político y moral. En frente de estos procesos, lo que da sentido a la lucha por los comunes es que designa la exigencia de una nueva forma de gestionar “comunitaria” y democrática de los recursos comunes, más responsable, más duradera y más justa.

La institución de la propiedad privada individual es la pieza decisiva del edificio capitalista. Esta institución, cuyo principio consiste en retirar las cosas del uso común, niega la cooperación, sin la que nada sería posible. Frente a la propiedad privada, autores como Laval y Dardot entienden que es necesaria la apuesta por el derecho de uso. Hay que pasar de la apropiación como relación de pertenencia a la apropiación como conveniencia o finalidad. Para ello, debe existir la deliberación y la determinación colectivas, por las propias personas interesadas, acerca del destino del común. Teniendo en cuenta que las personas deberían poder participar en esos procesos deliberativos con equidad, independientemente de su sexo/género, origen geográfico, situación socioeconómica, edad, etc.

Para Silvia Federici, “hoy, como ayer, la mayor inspiración para la transformación social viene de los pueblos que viven y crean comunes; gentes que resisten a las relaciones de poder asimétricas que destruyen el procomún, los bienes comunes, el común”[2]. Vandana Shiva lo resumió así: “Si la globalización es la enclosure (cercamiento) final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación-, recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época.”

Economía moral y cultura popular innovadora

Para avanzar en estas propuestas nos parece de interés el pensamiento de E.P. Thompson[3] y en concreto su concepto de “economía moral”. La “economía moral” designa el conjunto de valores y reglas (denominadas “costumbres”), que las clases subalternas inglesas del siglo XVII y XVIII hicieron valer para resistir los ataques desposeedores y privatizadores de la economía política capitalista contra los bienes comunes y el derecho comunal. Thompson examina la “dialéctica de la interacción entre ‘economía y ‘valores’” e indica que “las relaciones económicas son, a la vez, relaciones morales; las relaciones de producción son al mismo tiempo relaciones, de opresión o de cooperación, entre personas; y existe una lógica moral, al igual que una lógica económica, que se deriva de estas relaciones. La historia de la lucha de clases es al mismo tiempo la historia de la moralidad humana.”

En este marco, la alternativa a la economía política capitalista llegará a partir de la “economía moral de la multitud y las clases plebeyas”. El primer movimiento obrero inglés era heredero directo de la práctica centenaria de los motines por parte de “muchedumbres” inarticuladas y lideradas por mujeres. El movimiento obrero se enriqueció en su origen de esa tradición y cultura plebeya radical mediante una reformulación más “reconciliada con los nuevos medios de producción”, que ya no buscaba simplemente el reparto de la tierra u otros medios de producción y vida entre propietarios individuales, sino un control social cooperativo frente al  funcionamiento de la economía capitalista.

Thompson nos invita a repensar la apuesta anticapitalista desde una “cultura popular innovadora”. Una cultura política que rescate lo mejor de la tradición democrática y socialista, que diseñe los mecanismos institucionales para garantizar universal e incondicionalmente el derecho a la existencia, que permita atender de forma justa las necesidades de cuidados de las personas, que recupere la dimensión ecológica de los bienes comunes, que subordine los derechos de propiedad a las reglas definidas democráticamente en vistas al bien común, y que fomente los impulsos sociales desalentando los “impulsos adquisitivos” y la “gran apatía”. Y es que, nos dice Thompson: “Si no podemos creer en la existencia de una cultura popular creativa e innovadora, entonces no podemos creer en la democracia en absoluto”.

Andalucía vendida

Andalucía no se salva del acaparamiento y control capitalista de la tierra, el agua, las ciudades, los servicios públicos o las universidades; de la especulación con las tierras y los precios agrarios. Andalucía continúa, en pleno siglo XXI, siendo saqueada. La historia de Andalucía está marcada por haber sido un territorio pionero en convertir a la naturaleza en mercancía, en propiedad privada de una clase privilegiada y, como consecuencia, crear una clase mayoritaria de personas que deben convertirse en fuerza de trabajo dependiente que acude a un mercado (el de trabajo) para poder lograr la subsistencia. A partir de ahí, Andalucía ha sido paradigma de una sociedad polarizada entre una elite acaparadora de recursos y una masa ingente de personas desposeídas, grupos entre los que se generaron desigualdades extremas.[4]

Desde la crisis capitalista de 2007-2008, la tierra de Andalucía se ha concentrado todavía más de lo que ya lo estaba. Tal y como nos describió Curro Moreno[5], en múltiples casos, en principio fueron grandes constructoras las que compraron tierra cultivable; tras la caída de éstas, las tierras pasaron a manos de los bancos y estos han acabado vendiéndolas a fondos especulativos de inversión. Este acaparamiento de la propiedad de la tierra conlleva un cambio de modelo productivo. El modelo ultraintensivo de olivar en seto o la extensión del cultivo de almendros son ejemplos de estos procesos.

Este nuevo modelo basado en el extractivismo no augura nada bueno para el medio rural andaluz. Como se dice en el manifiesto “Por una economía ecológica en la Andalucía post-COVID19”: “El extractivismo que caracteriza a la economía andaluza conlleva un importante deterioro ecológico a la vez que esta ocupación en las tareas peor remuneradas viene estrechando su capacidad para apropiarse de valores monetarios. El resultado de esta dinámica supone una merma del patrimonio natural y una disminución de los medios de subsistencia para la gran mayoría de la población. Deterioro ecológico y empobrecimiento social van de la mano.”[6]

La privatización y avance del acaparamiento de los recursos ha tenido como aliada las políticas de desarrollo local neoliberal, es decir, a la política económica local implementada en Andalucía (y otras muchas economías) en los últimos 30 años. A grandes rasgos, esta política económica ha consistido en favorecer la creación o instalación en los pueblos y comarcas de empresas capitalistas que “pusieran en valor los recursos locales”, que sirvieran de impulso para el “emprendimiento”. Los resultados han sido claros en la mayor parte de las localidades andaluzas: subvenciones y ayudas para quienes más poseían, y más precariedad y emigración para las mayorías.

Marinaleda cooperativa

En Marinaleda no ha ocurrido esto. En Marinaleda se ha puesto en marcha una política económica local basada en un proyecto cooperativo a partir de obtener, mediante la lucha, el uso de 1.200 hectáreas de tierra (Finca Los Humosos). Un proyecto socioeconómico basado en la planificación y propiedad público-comunitaria y la gestión cooperativa.

En 2019 se cumplieron 35 años de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía. Solo donde hubo una fuerza popular organizada y coherencia política la aplicación de esta ley se hizo desde valores comunitarios y colectivos. Fue el caso de Marinaleda. En 2010, el PSOE desmanteló el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) e inició la privatización de las 50.000 hectáreas que se habían hecho públicas a través de la ley. No obstante, a día de hoy, las 1.200 hectáreas de la finca El Humoso, base del proyecto cooperativo de Marinaleda, continúan siendo propiedad de la Junta de Andalucía.

El proyecto cooperativo de Marinaleda siempre se ha guiado por realizar actividades productivas que permitan generar el mayor número de jornales posibles. La planificación comunitaria se basa en eso: el objetivo de la gestión (cooperativa) no es maximizar beneficios o aumentar los salarios de unas determinadas personas; el objetivo es crear el máximo número de empleo posible para el pueblo. Así, en los años 2.017, 2.018, 2.019 y 2.020 se han creado 18.456 jornales anuales en la finca El Humoso, y 4.464 jornales en la fábrica de productos agroalimentarios[7]. De este modo, el proyecto cooperativo de Marinaleda se ha convertido en el motor económico de la localidad y herramienta fundamental para evitar la emigración y la precariedad, y para favorecer la calidad de vida de las personas del pueblo.

Uno de los elementos fundamentales de esta situación es que antes y ahora, tanto desde el poder político local, como desde las personas responsables de la gestión cooperativa, la tierra es considerada como un bien común; la inmensa mayoría de las personas cooperativistas y no cooperativistas tienen como un principio básico que la tierra, por la que tanto lucharon colectivamente, no debe pasar a unas cuantas manos privadas. Por eso, el proyecto colectivo de Marinaleda apuesta, como desde el primer día, por la tierra como bien común, fuera del mercado. En las últimas semanas, la comisión que gestiona la cooperativa ha dejado claro a la Junta de Andalucía que El Humoso no es una mercancía con la que se deba especular y que desean que el uso de esa tierra pase de generación en generación para la creación de empleo y riqueza distribuida. Para ello, se apuesta por la creación de una fundación, como herramienta jurídica que permite el marco jurídico vigente, para imposibilitar la privatización de la tierra; que la haga indivisible, invendible, inespeculable y gestionada por la cooperativa de Marinaleda. Se trata del uso o apropiación de la tierra, no como relación de pertenencia, sino como conveniencia o finalidad: la mejora de la vida de la gente.

El paso de la titularidad pública de la tierra a una fundación, mediante el pago de un precio justo, permitirá, si el sentido común se impone, la continuidad y avance de un  proyecto de generación de riqueza en unos momentos de crisis generalizada, tanto en la localidad, como en la comarca o en el conjunto de Andalucía. Si la administración andaluza lo permite, estoy convencido que se trata de un proyecto de futuro que continuará invirtiendo en la mejora de las tierras de cultivo, el molino de aceite, la fábrica de conservas, etc.

Como cualquier proyecto socioeconómico, el proyecto cooperativo de Marinaleda es susceptible de mejoras. No es perfecto. Por ello, ya se están planificando nuevas líneas para avanzar en la sostenibilidad social y ecológica del proyecto. Por otro lado, son necesarias medidas y estrategias de lucha contra el patriarcado. La presencia y protagonismo de las mujeres en el proyecto debe aumentar significativamente si se desea avanzar en la lucha contra todo tipo de relaciones de poder asimétricas. “No hay comunes sin comunidad, y no hay comunidad sin mujeres”, nos dice S. Federici.

Recurso para la transformación

El problema que acompañó a E.P. Thompson toda su vida fue el siguiente: explicar la realidad de tal manera que, sin perder la objetividad ni idealizar el pasado o remitir a un futuro desconocido, se muestren los recursos disponibles en nuestro presente para transformar esa realidad. La Marinaleda cooperativa que he conocido y hablo es un recurso, es un ejemplo de cómo se puede transformar la realidad andaluza en búsqueda de la mejora de la vida de la gente. Es un ejemplo de pueblo que vive y ha creado un común, un pueblo que ha resistido a las relaciones capitalistas de poder asimétricas que destruyen los bienes comunes, y que tiene la posibilidad de avanzar y luchar contra las relaciones patriarcales que terminan por tener el mismo efecto. Si como dice Vandana Shiva, debemos ser conscientes que recuperar comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época, el proyecto cooperativo de Marinaleda es una experiencia de la que aprender.

Desde el punto de vista económico, el proyecto cooperativo de Marinaleda se enmarca en una “economía moral” que designa un conjunto de valores y reglas que están sirviendo para resistir los ataques desposeedores y privatizadores de la economía política capitalista contra un bien común: la tierra. Se trata de un proyecto que está en contra del reparto de la tierra entre propietarios individuales, y que apuesta por un control social cooperativo-colectivo frente a la economía capitalista de mercado que lleva a la Andalucía rural al colapso social y ecológico.

A partir de sus pilares, y también de sus debilidades (en especial la lucha contra el patriarcado), el proyecto cooperativo de Marinaleda es un recurso para una política económica comunitaria local alternativa. Es una experiencia para repensar la apuesta anticapitalista desde una cultura popular innovadora andaluza, que diseñe los mecanismos institucionales para garantizar el derecho a la existencia (el “vivir donde quieras”), que permita atender de forma justa las necesidades de cuidados de las personas, o que recupere la dimensión ecológica de los bienes comunes. En definitiva, una alternativa que subordine los derechos de propiedad al bien común.

Autor: Óscar García Jurado. Talaios Kooperatiba. Economista que colabora con diversas entidades de economía social, entre ellas el proyecto cooperativo de Marinaleda.

[1] Pierre Dardot y Christian Laval (2015): “Común”. Gedisa Editorial.

[2] Silvia Federici (2020): “Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes”. Traficantes de Sueños.

[3] E.P.Thompson (2019): “Costumbres en común. Estudios sobre la cultura popular.” Capitán Swing.

[4] Para profundizar vease: Manuel Delgado Cabeza (1981): “Dependencia y marginación de la economía andaluza”. Caja de Ahorros de Córdoba.

[5] https://portaldeandalucia.org/opinion/35-anos-de-la-ley-de-reforma-agraria-de-andalucia-la-tierra-hoy-en-menos-y-peores-manos/

[6] http://andaluciapostcovid19.es/

[7] Datos ofrecidos por la cooperativa

Pello Igeregi, dirigente del sindicato vasco ELA escribe: «Con la excusa de la transición ecológica se prepara el próximo saqueo. Europa ha planteado fondos enormes para hacer frente al reto de la digitalización o la transición ecológica. Pero no hay más que analizar los proyectos presentados para participar en estos fondos en la Comunidad Autónoma Vasca para tener claro que aquí no hay transición. Se van a financiar proyectos de empresas concretas, proyectos pensados desde antes de esta crisis (como Petronor o Iberdrola); se van a financiar proyectos privados y ganancias privadas mediante deuda pública, para luego recordarnos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que las políticas de ajuste para hacer frente al exceso de deuda pública son imprescindibles. Para rematar esta falacia, los mismos políticos que invocan la necesidad de la transición ecológica destinan subvenciones públicas para alargar al máximo la esperanza de vida del motor diésel, en lugar de destinar ese dinero a la transición que inevitablemente les tocará vivir al sector del automóvil y sus trabajadores.»

Una vez leído esto respecto a la Comunidad Autónoma Vasca, imaginen lo que ocurrirá aquí, en Andalucía. Hace unos días, se podía leer una noticia que decía lo siguiente: «Andalucía nombra al ‘equipo de los 20.000 millones de euros’. Seis consejeros decidirán los ‘proyectos-región’ de gran calado (mínimo 10 millones de euros) que presentará la Junta, incluyendo iniciativas privadas y de otras administraciones.» Se trata de asignar los fondos europeos denominados «Next Generation UE».

Pienso en los movimientos existentes en los despachos de la Junta en búsqueda de esos millones de euros de la «siguiente generación de saqueadores». La «Sevilla cortesana» debe estar llena de gente «muy preparada»: «liberales» expertos en captar dinero público, es decir, neoliberales.

Sí, eso son los neoliberales, gente como Rogelio Velasco (consejero de economía) o Juanma Moreno. Gente que siguiendo a Friedman, muchos casi sin saberlo, utiliza el Estado, especialmente cuando llega una crisis capitalista, o cualquier desastre natural o creado, para avanzar en los intereses del capital, en la acumulación de riqueza, en la generación de desigualdad.

En una entrada de este blog se puede leer: «El gobierno y otras instancias políticas y socioeconómicas de Andalucía van a utilizar la crisis sanitaria para avanzar en la privatización, la exclusión y la desigualdad de la sociedad andaluza. Y para ello utilizan a empresas como KPMG. Esta empresa recibió 240 millones de euros en el Irak posterior a la invasión para elaborar proyectos y leyes necesarias para el saqueo de las empresas occidentales. (…) Esta empresa está muy bien asentada en Andalucía. Aquí, y allí donde estén y tengan capacidad de influencia, serán útiles para aprovechar cualquier crisis para saquear y expoliar lo común en beneficio de las élites. Empresas como KPMG son colaboradoras necesarias en el despojo programado por el capitalismo del desastre. El desastre que supone el capitalismo requiere de estas ‘eficientes’ organizaciones.»

Esto escribí hace unos meses. Hoy, me gustaría que en Andalucía hubiera una organización, ya sea períodico, sindicato, partido o movimiento social (o club de amigos de la magia, lo que sea), capaz de investigar lo que van a ocurrir con esos 20.000 millones que se están encauzando hoy día, ahora mismo, en esos despachos llenos de neoliberales. Es decir, de gente que controla y asigna dinero público para mayor gloria del capital.

La siguiente generación del capital es tan ratera como todas las anteriores. Esperemos que la «next generation» andaluza sea capaz de frenar el saqueo sufrido por las anteriores.

Texto de presentación de «Clásico nº1 Renta Básica: Del reparto del trabajo al reparto de la renta«, de José Iglesias Fernández.

“Desgraciao aquel que come

el pan en manita ajena.

Siempre mirando a la cara

si la ponen mala o güena”.

Popular. Letra flamenca

 

Hoy, noviembre de 2020, tengo complemente claro que hay alternativa al capitalismo. La destrucción de la vida es evitable. Claro que sí.

Antes de conocer a José Iglesias y su pensamiento no lo tenía tan claro. Demasiado tiempo en una facultad de economía; demasiado tiempo en las adormideras convencionales; demasiada cobardía intelectual paralizante. Contactar con Jose y pensar en una renta básica me abrió caminos para pensar. Por un lado, en la locura del sistema en que vivimos. Por otro en transformarlo.

La economía del revés

La actual economía del revés, aquella que persigue acumular capital exprimiendo vida, es la economía lógica del “mundo del revés” del que escribió Eduardo Galeano en “Patas arriba”, ese mundo que “premia al revés: desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian a la naturaleza: la injusticia, dicen, es ley natural.”

La economía capitalista, la economía del revés, es la historia de cómo el capital, en grandes cantidades en poder de un número muy reducido de personas, ha logrado su dominación a costa de la inmensa mayoría de la población. Tanto que es el capital el que otorga el derecho a la existencia. La mayoría de la gente tiene derecho a vivir si obtiene un salario,  para lo que cual debe ser demandada y contratada como mano de obra en el mercado de trabajo. Las personas y la naturaleza convertidas en mercancías comprables y vendibles, con precios necios.

La instauración de la economía capitalista, tanto en Andalucía, donde vivo y desde dónde pienso, como en el resto de sociedades, convirtió a los bienes comunes y los medios de producción y vida en propiedad privada. Desde ese momento, las personas propietarias pasaron a necesitar de otras dispuestas a trabajar para ellas, así como las no propietarias pasaron a necesitar un salario ante la imposibilidad creciente de ganarse la vida de forma autónoma. La imposición del trabajo “dependiente y servil” requirió de una enorme violencia, desde la sufrida por las mujeres en la “caza de brujas” hasta la causada por generaciones andaluzas por guardias poco cívicas.

Andalucía, y sobre todo su medio rural, es el ejemplo de una economía capitalista caracterizada por la secular y extrema desigualdad en la propiedad de la tierra y, por tanto, en la apropiación del excedente económico generado. El sistema latifundista propició el que una mínima proporción de la población lo tuviera casi todo, mientras que la mayoría se quedaban sin nada, obligadas a “mendigar trabajo”. Es en ese momento en el que Andalucía, ejemplo de economía del revés, se convierte en una tierra extremadamente rica poblada por mujeres y hombre pobres. Esa situación se amplía, y amplía y amplía a cada vez más territorios y sociedades.

PER y cooperativas agrarias: legitimación para la acumulación del revés

El Estado ha intervenido en la economía en épocas más liberales y en épocas menos liberales, incluso en las neoliberales. Y lo ha hecho poniendo en marcha herramientas para consolidar y legitimar el gran capital. En Andalucía se hizo uso tanto del “PER” como del cooperativismo agrario. Tanto uno como otro sirvieron como perfectas estrategias de acumulación y legitimación del capitalismo agrario andaluz.

El PER ha servido y sirve (con distintos nombres pero similares estructuras) como herramienta para disminuir los costes empresariales (salarios), al mismo tiempo que “ayudaba” a las personas jornaleras para evitar la emigración (y seguir ofreciendo su imprescindible fuerza de trabajo al latifundista). Así, estas políticas estatales han sido muy útiles como mecanismo de control social que hizo desaparecer la reivindicación jornalera de la reforma agraria (reparto de la tierra) y reforzó la dependencia y marginación de las economías del medio rural andaluz y sus gentes. Es decir, que más que un sistema de protección social sería más correcto denominarlo sistema de protección empresarial.

El cooperativismo agrario, por su parte, sirvió como herramienta para mejorar los ingresos de la gran explotación agraria mediante la mejora de los precios de sus productos. Este cooperativismo, con origen mayoritario en el franquismo e impulsado por la Junta de Andalucía en las últimas décadas, ha jugado un papel convergente con el realizado por el PER: mejorar las cuentas y beneficios de la agricultura latifundista, uno por la vía de los ingresos y otro de los costes. La inmensa mayoría de estas cooperativas agrarias consistieron, como dijo M. Haubert, en “empresas asociativas” o “cooperativas de servicios a los propietarios de tierras”. De este modo, y en palabras del autor antes citado, “la modernización y la capitalización del campo, en vez de poner en tela de juicio el poder económico, social y político de los caciques, podía reforzarlo considerablemente.”

A pesar de denominarse cooperativas, estas grandes empresas apenas ponen en marcha estrategias de democracia económica. Además, la distribución de las ingentes rentas que generan no repercute de forma equitativa en el campo andaluz, sino que mantienen la injusticia y el mal reparto. Las cooperativas agrarias se han convertido en cooperadoras necesarias del actual capitalismo global, que las utiliza para succionar la riqueza que genera el campo andaluz. De este modo, las grandes cooperativas empresariales refuerzan, en pleno siglo XXI, como diría Haubert, el poder “económico, social y político de los caciques” y son legitimadoras y herramientas clave del capital global que succiona las riquezas del agro andaluz. Al igual que el Estado franquista, la actual administración andaluza, española y europea favorece estos procesos y, disfrazado de “cooperativismo”, se afianza la injusta situación secular del medio rural andaluz.

Para ser justos, es necesario indicar que quedan al margen de estas prácticas pequeñas cooperativas agrícolas que sí tienen como objetivo la mejora de sus personas socias y llevan a cabo, o al menos lo intentan, estrategias participativas y democráticas de gestión. Además, y muy alejada de estas dinámicas, se encuentra la experiencia cooperativa de Marinaleda. No se trata de una cooperativa de personas propietarias de tierras, sino de jornaleras que trabajan de forma autogestionada una tierra pública; es decir luchando con el objetivo de que sea un proyecto de propiedad pública, planificación comunitaria y gestión cooperativa.  

Movimiento cooperativista transformador

Con el tiempo, y siguiendo las enseñanzas del Maestro Jose, nos planteamos si es posible poner en marcha un movimiento cooperativo y un sistema de protección social que sirvan como semillas para una alternativa al capitalismo; que comiencen a poner del derecho, al menos en parte, la actual economía del revés. Se trataría de pasar del PER a la Renta Básica (un subsidio agrario sin peonadas para toda la población; un “PER sin peonas”, cómo nos dijeron en el estudio realizado para Extremadura y Andalucía allá por 2003), y del cooperativismo agrario a un movimiento cooperativista transformador.

Una RB similar al PER, y un movimiento cooperativista como el actual agrario, no servirán para otra cosa que para continuar legitimando una relaciones económicas que están provocando que más del 38% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según los datos de la Red andaluza contra la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, una RB incondicional, individual y universal y un movimiento cooperativista con otro modo de entender la propiedad, el trabajo y el valor podrían servir para mejorar la realidad socioeconómica de Andalucía, y de otras muchas economías. Veamos.

Para intentar volver a poner del derecho a la economía del revés, hoy día se habla con profusión de economía social, valga la redundancia. Y es que, aunque es reiterativo poner el adjetivo social tras el sustantivo economía,la situación a la que ha llevado a esta sociedad la economía capitalista provoca estas situaciones que se acercan a lo absurdo. El movimiento cooperativo forma parte de esta economía, de este conjunto de iniciativas socioeconómicas que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro, de los beneficios. Ahora bien, para que las cooperativas y el resto de entidades de la economía social andaluza tengan vocación transformadora es preciso buscar alternativas a las formas en que la economía capitalista considera el valor, el trabajo y la propiedad. Es decir, difícilmente podremos hablar de economías transformadoras sin buscar alternativas al trabajo asalariado dependiente, al valor de cambio y la propiedad privada, pilares básicos de la economía capitalista.

La economía capitalista convierte el trabajo social, es decir, el trabajo realizado para otras personas, en trabajo dedicado únicamente a la producción y reproducción del capital (y cada vez más contra la Vida). Frente a esto, el movimiento cooperativista transformador debe contribuir a eliminar la explotación de unas personas por otras mediante el establecimiento de la cooperación en un proceso laboral común. Además, si como objetivo la reproducción de la Vida, debe atender a otros trabajos sin salario y, de este modo, la explotación específica de las mujeres en la economía capitalista.

La búsqueda de otro trabajo no dependiente está completamente relacionada con la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y/o de vida en los que se sustenta las condiciones materiales de la gente. La economía social transformadora debe propiciar un nuevo sistema productivo comunitario que busque alternativas a la propiedad privada. En este sentido, es de interés reflexionar sobre la instauración de “fondos colectivos de recursos” donde la propiedad pase a ser colectiva, gestionada democráticamente, participada por múltiples agentes y tengan objetivos vinculados al movimiento transformador y alejados de la economía capitalista. 

En tercer lugar, se trata de producir bienes y servicios en función de, hasta donde sea posible, el valor de uso, y que éste sea capaz de subordinar al valor de cambio. La economía capitalista tiene como base otorgar a los bienes y servicios el valor que marca la demanda solvente o poder de compra. Si alguien no tiene poder de compra, es decir dinero, no podrá satisfacer sus necesidades y deja de tener derecho a la vida. Se trata, posiblemente, del eje o elemento más difícil de alcanzar por las actuales entidades o unidades productivas pues el contexto en el que se mueven no les permite tener un grado de autonomía demasiado amplio.

Autonomía para otra economía

Por tanto, la Economía social que busca la transformación hacia el poscapitalismo requiere de la adopción de alternativas a la propiedad privada, al trabajo dependiente y al mercado o valor de cambio. ¿Hasta qué punto puede la Renta Básica impulsar este cooperativismo? En principio, hay que tener en cuenta que la Renta Básica no es una medida que vaya contra la propiedad privada de los medios de producción, ni signifique un cambio en las estructuras esenciales de la economía capitalista. Ahora bien, consideramos que puede servir o tiene un claro potencial para debilitar tanto la propiedad privada como el poder que ejerce el capital sobre el trabajo asalariado. Desde esta perspectiva, la Renta Básica es una medida que proporciona autonomía a las personas respecto al mercado de trabajo, respecto al trabajo dependiente y, por tanto, al capital. Se trata de una medida que resta poder al propietario de los medios de producción pues deja de otorgar el derecho a vivir.

Por otro lado, La Renta Básica dota de poder de compra a todo el mundo por lo que convierte la demanda de muchas personas en real. Así, es una medida que pone por delante de la ganancia la satisfacción de las necesidades de la gente y, por tanto, es una medida que subordina el valor de cambio al valor de uso.

Por último, y en relación con el movimiento cooperativo, una RB sería un potente apoyo de rentas para aquellas personas que deseen crear una cooperativa o cualquier entidad de economía social con vocación transformadora. La precariedad y el desempleo han impulsado a muchas personas hacia la economía social más como “actividad refugio” que como forma de trabajo o actividad con potencialidad enriquecedora y de transformación. La Renta Básica aumenta el grado de autonomía de las personas y de este modo facilita la generación de actividad económica transformadora, con menos precariedad y más capacidad de tomar decisiones.

Tanto la Renta Básica como el cooperativismo transformador son medidas útiles para desmercantilizar bienes y servicios prioritarios o estratégicos para la vida. En este sentido, la primera es una herramienta que puede impulsar a la segunda y, entre ambas, avanzar hacia una economía que deje de estar del revés, que deje de estar contra la vida.

¿Hay alternativas al capitalismo? Por supuesto, y tanto la Renta Básica de las iguales como la economía social transformadora son herramientas válidas para sostener dicha respuesta desde realidades y medidas concretas.