«Cooperación es la asociación en beneficio de los asociados, pero cooperativismo es la cooperación erigida en sistema de emancipación social.»
Charles Gide
Comenzamos con las pertinentes preguntas que planteó hace 35 años Maxime Haubert. “Si el cooperativismo es un sistema en el que los dueños de las empresas son los usuarios de las mismas, como productores o consumidores, ¿sería el cooperativismo una vía para que Andalucía sea dueña de sus recursos y actividades económicas y los dirija a satisfacer las necesidades prioritarias de los andaluces en materia de empleo, de vivienda, de alimentación, etc.? Si las cooperativas son empresas democráticas, responsables y solidarias, ¿sería el cooperativismo una vía para que haya en Andalucía más democracia, más responsabilidad y más solidaridad? Si las cooperativas son asociaciones en las que unen sus esfuerzos hombres y mujeres de los grupos sociales dominados y explotados, ¿sería el cooperativismo una vía para que no haya en Andalucía tanta dominación y tanta explotación?” (Haubert, 1984: 9).
Nuestra primera y principal hipótesis es que en Andalucía el cooperativismo hegemónico, el realmente existente, donde destaca el cooperativismo agrario, el que ha tenido y tiene mayor impacto en la vida de la gente, ha consistido en la asociación o cooperación de propietarios de tierras para mejorar sus beneficios. El cooperativismo como asociación de las personas pertenecientes a las clases populares, obreras o jornaleras, a los grupos sociales explotados y dominados, ha sido escaso, y más escasa aún ha sido la existencia de una cooperación erigida en sistema de emancipación social, el cooperativismo tal y como lo definió Charles Gide.
Cooperación o cooperativismo, economía social adaptativa o transformadora
Las economías sociales se caracterizan, a grandes rasgos, por priorizar la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro; la maximización de los beneficios no es el objetivo o fin a perseguir. La componen una heterogeneidad de proyectos, distintas formas de organización y diversas prácticas que no comparten y persiguen los mismos objetivos. Algunas de las mismas tiene por objetivo adaptarse a la economía capitalista en beneficio de las personas asociadas, o paliar algunos de los problemas que esta economía genera; otras, por el contrario, buscan transformar, sustituir o desconectarse de la economía capitalista y, por tanto, formar parte de un sistema de emancipación social, en términos de Gide. Por tanto, aunque la realidad sea muy diversa, nos parece de interés dividir las diversas prácticas socioeconómicas que se hacen llamar economía social en dos grandes grupos, a saber: la economía social adaptativa y la economía social transformadora.
La economía social adaptativa es la mayoritaria en los países centrales y en Andalucía. Una definición apropiada para este tipo de economía social la ofrece el CIRIEC: “conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado” (CIRIEC, 2007). Acceso al mercado y acceso al voto se configuran como referentes de esa visión paliativa y adaptativa a la economía hegemónica.
Las entidades de economía social con vocación transformadora, por otro lado, además de priorizar la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro, buscan la transformación de la economía y sociedad vigente. Es decir, pretende avanzar en una economía social con vocación subversiva que sirva como alternativa, y en ningún caso como fuente de legitimación, de la economía capitalista. La conforman las entidades o prácticas que aspiran a originar otro proceso económico, otras formas de (re)producir, intercambiar, financiar y consumir. En Europa, esta economía social tiene al cooperativismo como principal forma organizativa. Ahora bien, eso no significa que se excluyan otras, abarcando iniciativas legales y alegales, e incluso emprendimientos individuales. Del mismo modo, también existen amplios sectores del cooperativismo realmente existente que no se identifican ni promueven esas prácticas transformadoras.
La economía social transformadora engloba al conjunto de iniciativas económicas alternativas, legales y alegales, que investigan y trabajan en nuevas formas de vivir y satisfacer las necesidades económicas de modo distinto al que ofrece la lógica capitalista. Este tipo de experiencias están regidas por valores alternativos a los existentes en la realidad económica y empresarial capitalista convencional, es decir, se guía por ideas y valores como la propiedad común, el reparto, la autogestión, la cooperación, la democracia, la equidad, el compromiso social o la sostenibilidad medioambiental. Se trata de unidades económicas cuyos principios están basados en el apoyo mutuo y la cooperación, frente a la competitividad y al lucro; y que buscan forman distintas de entender tres conceptos económicos fundamentales como son el trabajo (asalariado dependiente frente autogestionado), el valor (cambio frente a uso) y la propiedad (privada frente a comunitaria/colectiva).
El capital únicamente puede reproducirse sistemáticamente mediante la mercantilización de la fuerza de trabajo. Esto implica convertir el trabajo social, es decir, el trabajo realizado para otras personas, en trabajo dedicado únicamente a la producción y reproducción del capital (frente a la Vida). Frente a esto, la economía social transformadora debe contribuir a eliminar la explotación de unas personas por otras y al establecimiento de la cooperación en un proceso laboral común. David Harvey indica al respecto que “la oposición de clase entre capital y trabajo se disuelve por medio de productores asociados que deciden libremente qué, cómo y cuándo producirán en colaboración con otras asociaciones y con el objetivo de la satisfacción de las necesidades sociales comunes.” (Harvey, D., 2014: 286). Así pues, del trabajo asalariado como pilar del sistema capitalista, hay que avanzar hacia un régimen de producción comunitario.
Además, si la EST quiere tener como objetivo la reproducción de la Vida, debe atender a otros trabajos sin salario y, de este modo, la explotación específica de las mujeres en el capitalismo. Es, por tanto, un reto esencial unir el proceso de producción y reproducción; internalizar el trabajo de cuidados para no imputar externalidades negativas a las mujeres. Todo lo anterior implica penalizaciones mercantiles, por lo que es preciso buscar alternativas al mercado y consumo convencional (intervención del Estado, mercados sociales, consumos alternativos, etiquetas ecofeministas, etc.).
La búsqueda de otro trabajo no asalariado está completamente relacionada con la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y/o de vida en los que se sustenta las condiciones materiales de la gente. La economía social transformadora debe propiciar un nuevo sistema productivo comunitario que busque alternativas a la propiedad privada. Por tanto, una unidad económica de producción de bienes y servicios transformadora debe basarse en la propiedad colectiva de los medios de producción y los bienes producidos. El reparto como principio frente a la acumulación debe extenderse hacia la gestión de los bienes o medios de producción, la toma de decisiones, los excedentes, las responsabilidades, etc. En este sentido, es de interés reflexionar sobre la instauración de “fondos colectivos de recursos” (productivo, financiero, inmobiliario, etc.) donde la propiedad pase a ser colectiva, gestionada democráticamente, participada por múltiples agentes (cooperativas de trabajo, de consumo, asociaciones, fundaciones, entidades de finanzas éticas, etc.).
En tercer lugar, se trata de producir bienes y servicios en función de, hasta donde sea posible, el valor de uso. El capitalismo tiene como base otorgar a los bienes y servicios el valor que marca la demanda solvente o poder de compra. Si alguien no tiene poder de compra, es decir dinero, no podrá satisfacer sus necesidades, no existe, no tiene derecho a la vida. Se trata, posiblemente, del eje o elemento más difícil de alcanzar por las actuales entidades o unidades productivas pues el contexto en el que se mueven no les permite tener un grado de autonomía demasiado amplio. En este sentido, y al igual que expusimos al tratar la internalización del trabajo de cuidados, es preciso buscar alternativas al mercado y consumo convencional, sin caer en el determinismo competitivo que provoca la derrota por anticipado de cualquier alternativa. Los anteriores fondos colectivos de recursos podrían ser útiles para marcar y asignar recursos en función del valor de uso y, de ese modo, desmercantilizar bienes y servicios prioritarios o estratégicos para la vida.
Por tanto, la economía social con vocación transformadora requiere de la adopción de alternativas a la propiedad privada, al trabajo dependiente y al mercado o valor de cambio (o como mínimo transformar la sociedad de mercado a una sociedad con mercados para bienes y servicios no esenciales para la vida). Existen interesantes ejemplos de este cooperativismo, de economía social con vocación transformadora en esta Andalucía del siglo XXI. Experiencias que buscan, tienen objetivos, principios y valores muy alejados de los existentes en las grandes cooperativas agrarias.
De “La Libertadora” a “La Virgen del Rocío”
Es de interés cuestionarse sobre qué economía social o cooperativismo es preciso impulsar o desarrollar en Andalucía para que tenga como objetivo la mejora la vida de la gente, y no tanto la acumulación de capital, en gran medida en manos foráneas. Al echar la vista atrás a la historia de la economía social en general, y de la andaluza en particular, se encuentran multitud de modalidades, perspectivas e intenciones, desde las mutualistas o más asistenciales hasta las más transformadoras; desde las más obreras hasta las meramente empresariales, oportunistas o buscadoras de renta.
Desde sus orígenes en el siglo XIX, fueron abundantes las cooperativas andaluzas que nacieron con voluntad de comenzar un modelo económico alternativo. Según Carlos Arenas, en la Andalucía del siglo XIX, la alternativa al capitalismo pasaba por el colectivismo, por empresas colectivas de muchas personas frente a la empresa individual y privilegiada de unas pocas. Además, el aglomerado social que participaba del movimiento cooperativo en la década de 1860 jugó un papel fundamental en los movimientos “revolucionarios” de aquella época. El objetivo de su acción política era la consecución de un modelo de autogobierno local que restara poder a los oligarcas, a los caciques, a los “señoritos”.
Durante el siglo XX, la mayor parte del cooperativismo andaluz, de la mano sobre todo del más importante por su tamaño e impacto social, el cooperativismo agrícola, perdió los supuestos intelectuales e ideológicos que habían tenido en los treinta primeros años de su historia. El cooperativismo andaluz fue afectado tanto por el asistencialismo religioso como por las maniobras oportunistas de agentes socioeconómicos poderosos que veían en las cooperativas una fórmula para añadir más riquezas a las que ya poseían. Las cooperativas pasaron de tener nombres vinculados a los deseos de mejora de la gente (“La Libertadora”, “La Modelo”, “La Esperanza”, “La Lealtad”) a denominarse como el santo o virgen de turno (Nuestro Padre Jesús de la Cañada, Virgen del Rocío, Virgen de la Cabeza, etc.).
La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) elabora cada año un ranking de las “empresas relevantes” de la economía social. Se trata de un listado de empresas que llevan en su forma jurídica la palabra cooperativa, aunque apenas se las distingue de empresas convencionales de capital. Al frente de estas clasificaciones se encuentran las andaluzas DCOOP, COVAP, UNICA, VICASOL, SUCA, MURGIVERDE, Granada La Palma o Agrosevilla. En gran medida, se tratan de cooperativas de segundo grado con origen en sociedades cooperativas agrarias creadas durante el Régimen franquista. La inmensa mayoría de estas cooperativas agrarias consistieron en “empresas asociativas” o “cooperativas de servicios a los propietarios de tierras” (Haubert, M., 1984). En la década de 1950 y 1960, los propietarios de tierras tuvieron que unirse para, fundamentalmente, poner en marcha estrategias de defensa de los precios de sus productos. No sólo se unieron los pequeños y medianos propietarios de tierra. Los grandes propietarios o latifundistas vieron también en estas cooperativas un medio de explotar a los pequeños y medianos productores en tanto que el esfuerzo colectivo de estos permitía la creación de establecimientos industriales que se utilizaban principalmente en provecho de los primeros. De este modo, “la modernización y la capitalización del campo, en vez de poner en tela de juicio el poder económico, social y político de los caciques, podía reforzarlo considerablemente.” (Haubert, M., 1984: 52). El Estado franquista favoreció estos procesos mediante los cuales el capitalismo penetró en el campo andaluz bajo el control del Régimen dictatorial. “(…) las cooperativas parecían el medio más adecuado de penetración del capitalismo en el campo, por lo menos como fase transitoria. (…) Y como las cooperativas estaban estrictamente encuadradas en el sindicalismo vertical, estaba asegurado el control social y político del campesinado.” (Haubert, M., 1984: 60).
A estas cooperativas con origen en la dictadura franquista, se unen al frente de los listados actuales de las principales cooperativas del sur de Europa otras creadas en las últimas décadas y vinculadas con la agricultura intensiva de Almería y Huelva. Este tipo de actividad agraria se caracteriza por los elevados de niveles de explotación natural y laboral (con especial relevancia de la mano de obra migrante)[1]. Por tanto, estas grandes sociedades y empresas, aun siendo formalmente cooperativas, no pueden asimilarse mínimamente a los principios cooperativos convencionales de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 1995). Estas grandes empresas apenas ponen en marcha estrategias de democracia económica. Además, la distribución de las ingentes rentas que generan no repercute de forma equitativa en el campo andaluz, sino que mantienen la injusticia y el mal reparto, guiadas por cúpulas dirigentes formadas en los mismos lugares que los directivos las grandes empresas de capital, con fabulosos salarios y con los mismos objetivos y herramientas[2]. En definitiva, el nombre de cooperativa, y el desamparo secular del pequeño propietario andaluz, hace que estas empresas provoquen una simpatía en la mayoría de los casos inmerecida. Se trata de empresas que se ven condicionadas al servicio del actual capitalismo global, del extractivismo, que las utiliza para succionar la riqueza que genera el campo andaluz. De este modo, las grandes cooperativas agrícolas o cooperativismo capitalista refuerzan, en pleno siglo XXI, como diría Haubert, el poder “económico, social y político de los caciques.” Al igual que el Estado franquista, la administración andaluza, española y europea han favorecido estos procesos y, disfrazado de “economía social”, se afianza la situación secular del medio rural andaluz, donde, como siempre han dicho los jornaleros de la aceituna, “la carne va para unos pocos y los huesos para la mayoría”.
Tras lo anterior, sostenemos la hipótesis de que la economía social impulsada por la Junta de Andalucía en las últimas décadas ha servido como herramienta del poder económico hegemónico, para legitimar el modelo económico extractivista de la economía andaluza.
Más cooperativismo para Andalucía: otro cooperativismo para otro modelo productivo en Andalucía
“Más cooperativismo para Andalucía” se denominó la Intervención de Autonomía Sur, Cooperativa Andaluza, en la Comisión de Economía y Conocimiento del Parlamento de Andalucía respecto al Proyecto de Ley 5/2018 por la que se modificó la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. En dicha intervención expusimos nuestros motivos por el cual “solicitamos la retirada del proyecto para comenzar de nuevo a elaborar una ley que responda al debate y la participación de todas las cooperativas y que, sin alterar los principios básicos del modelo cooperativo, dé respuesta a las necesidades actuales de las cooperativas e impulse un verdadero nuevo modelo productivo andaluz. Defendemos una ley que atienda a las personas y las cooperativas frente al modelo mercantilista auspiciado por el capitalismo, sistema económico depredador del entorno y de la libre asociación de personas. Porque no se hicieron las personas y las cooperativas para la ley, sino la ley para las personas y para las cooperativas.”
En aquella intervención exponíamos que “el proyecto de ley andaluza no aborda una cuestión fundamental como es la propia definición de cooperativa. Se consagra de este modo la definición contenida en el artículo 2 de la actual ley que prioriza la participación en el capital respecto de la participación en la actividad societaria y expresa como finalidad el ‘añadir valor a su propia actividad empresarial’ omitiendo la satisfacción de necesidades. De una cuestión tan elemental como la indicada, se deduce que la reforma que se plantea se dirige a profundizar en la deriva mercantilista y capitalista en lugar de atender a los principios y valores esenciales, tradicionales y definitorios del cooperativismo. Y resulta obvio que, por tanto, la reforma propuesta en modo alguno puede estar consensuada con el sector. Es así por una sencilla razón, no se puede definir la cooperativa a partir de rasgos contradictorios con la propia cooperativa.” A pesar de esto, las organizaciones “representativas” del sector estuvieron de acuerdo con la ley.
Por nuestra parte no estábamos, ni estamos de acuerdo con la posibilidad de crear cooperativas de sólo dos socios comunes pues altera sustancialmente el concepto de cooperativa como empresa colectiva. Además de reducir a su mínima expresión la agrupación colectiva, se autoriza el control mayoritario del capital por uno de ellos. Decíamos: “con esta doble reforma difícilmente se podrá ya diferenciar una sociedad cooperativa de una sociedad de capital unipersonal.” “Ni la huida de los proyectos de agrupación colectiva ni la posibilidad de suscribir capitales diferentes son características propias de las sociedades cooperativas. Antes al contrario, resultan ser los principios inspiradores de las sociedades de capital, y más en concreto de las sociedades de capital unipersonal. Es por ello que en realidad no se trata de un proyecto de ley de cooperativas sino de un proyecto que va más allá de las cooperativas y pretende regular sociedades mixtas de capital y de personas. Se trata de sociedades que aún denominadas “cooperativas”, dejan de serlo y pasan a ser sociedades de otra naturaleza, ajenas al ámbito cooperativo. En el proyecto de ley no prima ni la naturaleza jurídica ni la realidad social, sino el ánimo de convertir a las cooperativas en sociedades de capital.”
Otra hipótesis es que la regulación de la Junta de Andalucía se ha caracterizado por profundizar en la deriva mercantilista y capitalista en lugar de atender a los principios y valores esenciales, tradicionales y definitorios del cooperativismo.
Desarrollo local y cooperativismo
Desde la década de 1980 se han puesto en marcha o tiene su origen las políticas de empleo y desarrollo local con base en la empleabilidad y el fomento de emprendedores. Poco después se comenzó a hablar de la Segunda Modernización de Andalucía y de la necesidad de un nuevo modelo productivo. No obstante, se continúa impulsando el mismo modelo productivo de siempre, basado en los mismos sectores o actividades productivas y en el mismo tipo de empresa: empresas de capital, local o foráneo, en las actividades turísticas, agricultura para la exportación o minería. Tal como dice Isidoro Moreno, dos de los tres sectores del nuevo modelo productivo la iniciaron los romanos.
Esas políticas puestas en marcha en las últimas décadas en Andalucía destacan por su relevancia, y por falta de evaluación crítica, las políticas de desarrollo local impulsadas desde la Europa comunitaria. Estas políticas pueden denominarse como “neoliberalismo territorial”[3] y han propiciado que las instancias públicas (de ámbitos locales y territoriales subestatales) se mantengan al servicio de la acumulación de capital, propia de la economía capitalista. Para ello, se han basado fundamentalmente en tres elementos:
A) La “puesta en valor” del territorio o mercantilización de cualquier recurso local potencialmente vendible o rentabilizable, en términos monetarios.
B) La valorización social de la figura individual empresario tradicional, renombrado como “emprendedor”.
C) La realización de inversión pública o el aumento de las subvenciones, encaminadas a atraer o a favorecer al capital, ya sea local o foráneo.
Además, estos elementos se complementaban con las políticas de “empleabilidad”, mediante se culpabilizaba de su situación a la persona desempleada (en los “Andalucía Orienta” se orientaban a las desorientadas personas sin empleo y con déficits de “empleabilidad”), y todo se enmarcaba en simpáticos discursos de participación, innovación, actitudes, etc.
Pues bien, en la puesta en marcha de estas estrategias ha participado el cooperativismo realmente existente en Andalucía, en especial el cooperativismo agrario en las políticas de desarrollo rural. Un ejemplo de estas prácticas se encuentra en lo que ocurrió poco antes de perder el poder en la Junta de Andalucía el PSOE. El entonces vicepresidente de la Junta de Andaluía, Manuel Jiménez Barrios, presentó el denominado “Consejo de Entidades de Economía Social”. Un lugar desde donde las organizaciones y federaciones del sector esperaban obtener dinero, para el sector y para ellas mismas, y, por otro lado, el tipo organismo desde donde la Junta mantiene “prieta las filas” de los agentes que quieren o no quieren estar donde hay que estar. Ya se sabe que una buena estrategia de propaganda enseña lo que interesa y tapa lo importante. Así, por un lado Jiménez Barrios destacaba que “el Gobierno andaluz ha promovido entre 2016 y 2018 importantes ayudas para el impulso de la economía social, que suponen más de 13,2 millones de euros» y ha subrayado que, de hecho, «los presupuestos de 2018 contemplan más de 7 millones de euros para el sector». Mientras, por otro lado, apenas se hablaba de los 72 millones que se van a repartir en esas semanas por parte de los Grupos de Desarrollo Rural. En esas ayudas las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de consumidores, las asociaciones sin ánimo de lucro, apenas iban a obtener nada, mientras que las grandes empresas agroalimentarias del medio rural, entre ellas las cooperativas agrarias, se iban a hacer con la mayoría de estos fondos. Esos 72 millones se convertirían en 180 en los dos años siguientes y a buen seguro que están sirviendo para llevar a cabo las políticas de desarrollo territorial neoliberal que se llevan implantando más de dos décadas con los resultados que conocemos (o que no conocemos) y que son avaladas por los gobiernos municipales de todos los colores partidistas.
Frente a la hipótesis de la relevancia de las estrategias de desarrollo local neoliberal y el cooperativismo en el afianzamiento del modelo económico extractivista andaluza, proponemos un nuevo modelo productivo andaluz con el objetivo de que “no haya en Andalucía tanta dominación y tanta explotación”, y ese cambio pasa por la economía social y cooperativa transformadora. Ese nuevo modelo productivo transformador pone a las personas por delante del capital; innova creyendo que la democracia es posible en las oficinas, las fábricas o los cortijos. Un verdadero modelo productivo innovador se debe guiar, paradójicamente, mirando atrás, a los valores jornaleros del cumplir, la unión y el reparto y profundizar en la propiedad colectiva de los medios de producción, mira a la satisfacción de las necesidades de la gente y sirva para que las personas dejen de ser meras mercancías en búsqueda de un salario. Una economía social transformadora con voluntad de emprender un modelo económico alternativo teniendo como principales activos la participación de las personas. Cuando hoy queremos que la economía social transforme Andalucía no estamos inventando nada nuevo: está en la tradición del primer cooperativismo andaluz, aquel que, como nos recuerda el profesor Carlos Arenas, tuvo como motores la libertad y la voluntad salida de la ideología transformadora y el conocimiento.
Características comparativa tipos de Desarrollo Local
| Neoliberal | Transformador | |
| Objetivo | Valorización capital | Mantener/enriquecer Vida |
| Agente económico protagonista | Empresa convencional | Entidades EST |
| Mercado | Global | Territorial |
| Factor productivo organizador | Capital | Trabajo |
| Propiedad | Privada | Colectiva |
| Trabajo | Asalariado | Libre asociado |
| Valor | Cambio | Uso |
Fuente: Elaboración propia.
Elementos para el impulso de otro cooperativismo para Andalucía
Para terminar retomamos a Haubert y planteamos los siguientes objetivos: “1) hacer del cooperativismo una vía para que Andalucía sea dueña de sus recursos y actividades económicas y los dirija a satisfacer las necesidades prioritarias de la población andaluza en materia de empleo, de vivienda, de alimentación, etc.; 2) entender a las cooperativas como entidades socioeconómicas democráticas, responsables y solidarias, y, de este modo, hacer del cooperativismo una vía para que haya en Andalucía más democracia, más responsabilidad y más solidaridad; 3) promover una economía social cooperativa donde se unan los esfuerzos de “hombres y mujeres de los grupos sociales dominados y explotados” para sea “una vía para que no haya en Andalucía tanta dominación y tanta explotación”.
Para lograr esos objetivos nuestra propuesta principal es que es preciso impulsar la economía social transformadora. Y para ello se plantean a continuación algunas ideas.
1/Construir y difundir un discurso de economía social y solidaria transformadora
En Andalucía la economía social tiene como referencia hegemónica el cooperativismo agrario. Un cooperativismo de propietarios de tierras que ha afianzado la desigualdad en la propiedad de la tierra; la precariedad en el trabajo jornalero dependiente; y que es básico en la especialización andaluza en la globalización en la exportación de productos agrarios (aceite, aceituna mesa, hortofrutícolas agricultura intensiva). Ese cooperativismo se impulsó por el régimen de Franco bajo control asistencialista religioso; y posteriormente en las últimas décadas se caracteriza por el control clientelar partidista.
Cualquier estrategia de impulso de la economía social transformadora en territorios como este que apuesten por ser una alternativa debe impugnar este cooperativismo, esta economía social. Creo que es esencial construir un discurso de economía social con vocación transformadora alejada de esa economía social hegemónica. Para impulsar una economía social útil para la transformación es preciso construir y difundir un discurso alejado de la economía social caracterizada por la adaptación sin impugnación al mercado y la economía capitalista, en el mejor de los casos; y en el peor, los casos de la economía social que forman parte de las prácticas espúreas y legitimadoras de precariedad, desigualdad y expolio de la riqueza de Andalucía.
2/Formular nuevas políticas de desarrollo local
Esta economía social ha formado parte de las estrategias de desarrollo local neoliberal que desde la década de 1980 se impulsa desde la UE. Frente a estas políticas de neoliberalismo territorial hay que apostar por un desarrollo local transformador, comunitario, que tenga como agente fundamental la economía social transformadora.
Entender por desarrollo local transformador al conjunto de estrategias políticas y elementos teóricos cuyo objetivo sea la mejora y el aumento de la capacidad que las personas que habitan un determinado territorio tiene para resolver sus problemas económicos y, así, mantener y enriquecer su vida. Las entidades o prácticas de economía social transformadora se convertirían en la base de otro desarrollo territorial o local. Como apunta José Luis Coraggio, impulsar una economía social que pretenda “ganar autonomía respecto a la dirección del capital” (Coraggio, 2009: 148).
3/Asumir que la economía la hacemos nosotros y nosotras
Para que surjan entidades de economía social transformadora, cooperativistas, prácticas de consumo consciente, ahorro ético y solidario, etc. es preciso dejar de pensar que “la economía la hacen otros”: Estado, capital; que los problemas económicos se resuelven desde arriba, desde afuera, desde otros. Esta es la antítesis de la autogestión.
Prevalece las políticas macroeconómicas a lo micro o mesoeconómicas. Se piensa que se cambia antes la política monetaria del Banco Central Europeo que el modo de producir, distribuir o consumir patatas, pan o aceite. Ante esta situación es lógica la escasez de personas que quieran ser cooperativistas; incluso la falta apoyo que la economía social con vocación transformadora existente en Andalucía tiene de parte de los movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas. Eso provoca la falta de cooperación entre estas entidades y las organizaciones sociales, políticas y sindicales con objetivos transformadores.
La economía social con vocación transformadora, el desarrollo local transformador comunitario, las prácticas socioeconómicas transformadoras (producción, distribución, consumo o ahorro) no son consideradas como alternativas a la actual economía de la propiedad privada, el trabajo asalariado y el valor de cambio. Por casi ninguna fuerza de política institucional, sindical o social. Para cambiar esta situación es esencial afianzar y convencer del potencial de transformación desde la producción, el consumo, la distribución y las finanzas y, a partir de ahí, aumentar la intercooperación con otras organizaciones e impulsar que la gente quiera ser para de esta economía social con vocación transformadora. Es decir, la economía la hacemos nosotros y nosotras y, a partir de ahí, es preciso impulsar un discurso socioeconómico alternativo asumido por todas las fuerzas sociales, sindicales y políticas que aspiren a la transformación social. De este modo se mejorará la necesaria intercooperación entre los diversos movimientos.
Terminar condenas, soltar cadenas
En este texto hemos propuesta una hipótesis principal, a saber: el cooperativismo andaluz realmente existente ha consistido en la asociación o cooperación de propietarios (sobre todo de tierra) para mejorar sus beneficios. El cooperativismo como asociación de las personas pertenecientes a las clases populares, obreras o jornaleras ha sido escaso, y más escasa aún ha sido la existencia de una cooperación erigida en sistema de emancipación social. Además, la economía social impulsada por la Junta de Andalucía en las últimas décadas ha servido como herramienta del poder económico hegemónico, para legitimar el modelo económico extractivista de la economía andaluza. La regulación de la Junta se ha caracterizado por profundizar en la deriva mercantilista y capitalista en lugar de atender a los principios y valores definitorios del cooperativismo. Por último, las estrategias de desarrollo local neoliberal y el cooperativismo realmente existente han afianzado el modelo económico extractivista andaluz.
Ante esta situación, planteamos las siguientes propuestas:
-Impulsar un nuevo modelo productivo andaluz con el objetivo de que “no haya en Andalucía tanta dominación y tanta explotación”, y ese cambio pasa por la economía social y cooperativa transformadora.
-Construir y difundir un discurso de economía social y solidaria transformadora.
-Formular nuevas políticas de desarrollo local.
-Proponer un programa de política económica alternativa para Andalucía consensuada con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales donde, además de otros pilares básicos, estén presente la economía social con vocación transformadora, el desarrollo local transformador comunitario y las prácticas socioeconómicas transformadoras.
La economía capitalista, la acumulación de poder, la «distancia y disciplina social» nos ha traído hasta aquí: una crisis sistémica precipitada por un virus. Frente a esto podríamos avanzar hacia la distribución del poder, del capital, de los trabajos; hacia el asunción de responsabilidades colectivas e individuales no disciplinarias; hacia la cooperación que acorte distancias. El reparto, el cumplir y la unión, ideas y valores de las luchas jornaleras, de esa gente que “habla tan mal”, y que están plenamente vigentes para nuestras luchas socioeconómicas actuales.
“Lo peor de la condena, es cogerle el gusto a las cadenas.” Dice una letra de Isabel Escudero cantada por Rocío Márquez. Acabemos con la condena, despreciemos las cadenas, como el trabajo asalariado dependiente o el marco capitalista que nos asfixia, y busquemos prácticas socioeconómicos transformadoras que aumenten nuestros grados de autonomía; impugnando de forma y nítida la economía capitalista.
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[1] Véase trabajos al respecto de Manuel Delgado Cabeza.
[2] Un ejemplo de las estrategias de estas empresas es el caso de DCOOP. La mayor cooperativa aceitera de Andalucía y Europa, y el mayor productor mundial de aceite de oliva (200.000 toneladas anuales aproximadamente) ha utilizado en los últimos años fondos públicos para construir bodegas de almacenamiento para el aceite de oliva que importa masivamente de Túnez a bajo precio. Con esos fondos públicos se ha financiado el 50% de los 5,8 millones de euros que han costado las bodegas de almacenamiento de aceite recientemente instaladas en las dependencias de MERCAOLEO en Antequera, sociedad filial de DCOOP. Ante esta situación, los socios de DCOOP, tanto las cooperativas de primer grado como las personas físicas que son socias de estas cooperativas, están siendo perjudicadas por las estrategias de la cúpula dirigente pues anteponen la venta de aceite de Túnez a la de los productores andaluces. (Fuente: Noticias de prensa).
[3] Entendemos, con el historiador canadiense Quinn Slobodian, que el neoliberalismo, desde su origen, responde a la pregunta de cómo proteger el capitalismo de la democracia. El neoliberalismo tiene por objetivo afianzar el poder, la dominación del capital sobre las personas, para lo cual la democracia son elementos a superar, restringir o eliminar. Su origen se sitúa en el comienzo del fin de la era de los imperios europeos tras la Primera Guerra Mundial, momento en el que un grupo de personas –que Slobodian denomina “globalistas”- se ponen a trabajar para que las nuevas instituciones políticas no puedan cuestionar la economía capitalista. Por tanto el neoliberalismo no significa menos intervención estatal sino una intervención en favor siempre de la acumulación de capital.