Mes: marzo 2019

Artículo publicado en enero de 2004 en rebelion.org ante la inminente construcción en Morón de la Frontera de una cárcel, en la actualidad Sevilla II.

Sobre historia local, cárcel y personas presas

Entre 1953 y 1957 se invirtió en Morón una gran cantidad de dinero proveniente del ministerio de defensa y ataque de EE.UU. Esa inversión, exterior y coyuntural, dio lugar a la denominada época de las vacas gordas. Pero tras las vacas gordas llegaron de nuevo las flacas, y en 1960 el alcalde franquista de la época constituyó una Junta de Caridad para poner remedio a la, según sus propias palabras, calamitosa situación económica que atraviesa nuestra ciudad, que perjudica a muchas familias modestas. Sin cambios estructurales en aquella injusta estructura económica, el hambre y la miseria volvieron a aparecer. La situación excepcional generada por la construcción de la base aérea no transformó la arcaica estructura económica local, continuando la gran mayoría de la población instalada en la precariedad económica. Este episodio de la historia económica local puede darnos muchas pistas sobre las consecuencias de la construcción de una cárcel en Morón.

Conozcamos, antes que nada, a nuestros futuros nuevos convecinos. Es necesario recordar que estamos en una sociedad regida por un sistema económico capitalista, caracterizada por su deshumanización y el incremento de la población excedente. Para poder subsistir en este tipo de sociedad es necesario disponer de un trabajo asalariado digno. Esta condición se convierte en un grave problema si observamos la actual situación del mercado laboral. Así, más del 50% de la población activa de Andalucía no dispone de un empleo estable y con derechos que le garantice una existencia conforme a la dignidad humana. Por tanto, miles de andaluces tienen permanentemente abiertas las puertas de la exclusión, primer paso para ser posible recluso de la cárcel moronense. El 80% de las personas encarceladas en este país procede de barriadas periféricas y de ambientes marginales. De esta forma, podemos caracterizar a la persona presa, a nuestros futuros convecinos, como una persona pobre y enferma (drogodependencias, SIDA…) que llegó a la cárcel con una desvertebración social grave debido a la situación social de la que procede y que la cárcel la empeorará todavía más. Tal como dice un afectado: « Entré con una beca de ladrón y salí con un doctorado de asesino.» (El País, 21 de diciembre de 2003). En definitiva, las políticas económicas del neoliberalismo excluyen a cada vez más población, consideradas inútiles o excedentes para el nuevo mercado de trabajo. Estas personas son las que acabarán en la cárcel moronense.

Las políticas neoliberales tienen como correlato en el ámbito penal el endurecimiento de las penas y el aumento del índice de encarcelamiento. Si en 1990 el número de presos en España era de 28.284, en la actualidad ese número se sitúa en torno a los 54.000. Esta nueva forma de tratamiento penal de todos los conflictos sociales provoca, por tanto, la necesidad de construcción de nuevas cárceles. El modelo de cárcel utilizado actualmente son los centros tipo, con una capacidad que sobrepasa los 2.000 reclusos. Mediante estas enormes cárceles se quiere dar respuesta al aumento de número de presos que la política gubernamental antisocial da lugar. Se requieren más cárceles, cada vez más grandes y con mayor capacidad y, por supuesto, más rentables y ahorradoras de personal, concentrando servicios y sistemas de vigilancia.

Crecimiento empobrecedor

Las nuevas cárceles se están construyendo, tanto en España como en el resto de países, en zonas rurales deprimidas económicamente. Las promesas de mejora económica, en zonas como el medio rural andaluz donde gran número de personas están en una situación económica precaria, disminuye la resistencia a la construcción de estos centros. El gobierno promociona estas industrias carcelarias en los pueblos mediante las promesas de una enorme creación de riqueza y puestos de trabajo, les toca la lotería. El hecho de que en ellas se trabaje con el sufrimiento de otros seres humanos parece importar a muy pocos. No obstante, esa promoción tiene más de marketing embustero que de realidades concretas.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. (SIEPSA) es la encargada de los aspectos relacionados con la instalación de una cárcel, localización, adquisición de los inmuebles, ejecución de las obras, financiación, etc. La existencia de una empresa pública para los asuntos penitenciarios indica cómo actualmente en estos temas sólo rigen los criterios empresariales privados. A pesar de todo, SIEPSA tiene pérdidas de 3,619 millones de euros en 2001.

De los aproximadamente 63 millones de euros que cuesta cada nueva cárcel, en Morón sólo repercutirá una mínima parte. La información gubernamental no es más que propaganda, sin base en un análisis de impacto serio.

El Ayuntamiento sí obtendría ingresos gracias a las licencias de obras, 2,6 millones de euros. Sin embargo, habría que ver si esto repercutiría en beneficio directo para los vecinos o se dedicaría a otros gastos del consistorio; podemos ser mal pensados y creer que podrían subirse de nuevo los sueldos sin preocuparse por las deudas del Ayuntamiento. El resto de los 63 millones de euros invertidos se distribuye del siguiente modo: gastos de construcción (50), equipamiento (3.5), obras complementarias (2.2), pago de solares (1.9), estudios técnicos (1.8) y talleres productivos (1).

La construcción es contratada y adjudicada desde Madrid por SIEPSA, a través de concursos públicos. Son las mayores empresas constructoras del país las que parten con claras ventajas para adjudicarse la obra. Durante los dos años que dura la construcción se emplearían unos 350 trabajadores, entre técnicos, administrativos, oficiales y peones. Tal vez, los peones sean reclutados en Morón, pero normalmente el resto serán trabajadores propios de la empresa que resulte adjudicataria de las obras.

Después del período de construcción se dice que se van a crear más de 500 empleos directos. No obstante, se tratan de empleados públicos, contratados por oposición o concurso-oposición a nivel nacional. Son puestos de funcionarios de prisiones, juristas, psicólogos, médicos, ATS y cuerpo de ayudantes. Como personal laboral estarían el trabajador social, monitor deportivo, maestro de taller, técnico de jardín de infancia, cocineros, auxiliar de enfermería, electricistas y fontaneros. Además, los propios reclusos suelen encargarse de asuntos de mantenimiento, cocina, economato y actividades auxiliares. Ninguno de estos empleos tienen por qué revertir directamente en el pueblo y si algún moronero aprueba estas oposiciones tampoco tiene por qué ser destinado a Morón. También se cita como beneficio para el pueblo los contratos de trabajo y suministro. Sin embargo, de nuevo se trata de contratos que la administración debe sacar a concurso o subasta pública o alguna otra forma de contratación de la Administración, lo que excluye que los empleos forzosamente tengan que beneficiar a Morón.

Por último, se argumenta que se va a producir un aumento de la población debido a la llegada de los funcionarios destinados a la cárcel. Se prevé un crecimiento en la población de unas 1.500 personas. Las nóminas de los trabajadores oscilarán entre 6.3 y 9.2 millones de pesetas, dinero que la administración supone va a revertir en el municipio. Hay que tener en cuenta que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias tienen bastantes días libres. Normalmente, éstos no viven cerca de las personas a las que vigilan y más teniendo a la capital a una hora de camino. No parece que estas personas vayan a establecer su residencia en Morón.

Por lo dicho hasta aquí, y analizando los impactos más concretos en la economía moronense, la llegada de esa inversión supondría cierto crecimiento económico para el pueblo. En el mejor de los casos, algunos albañiles podrán disfrutar de dos años de bonanza e incluso algunos establecimientos comerciales podrían necesitar mano de obra. Ahora bien, el crecimiento no es bueno bajo cualquier circunstancia. Es decir, si a un niño de diez años tan sólo le crece una parte de su cuerpo, por ejemplo, el brazo derecho, convendremos en afirmar que ese niño más que beneficiarse del estirazón se está convirtiendo en un monstruito. Eso ocurre cuando en una economía el crecimiento no se reparte de forma armónica por todas las partes del cuerpo social. El crecimiento sin distribución puede seguir dando como consecuencia opulencia y grandes beneficios para una minoría, y paro, precariedad laboral y emigración para la mayoría.

Normalmente, tal como ocurrió durante la construcción de la base, los precios subirán. De ese modo, aquellos que no vean aumentadas sus rentas (sueldos, ingresos, etc.) tendrán un menor poder de compra. Es decir, con el mismo dinero su capacidad para adquirir cosas disminuirá. Por otro lado, si alguien gana serán agentes económicos como los constructores, propietarios de inmuebles o la gran distribución de capital foráneo implantada en nuestra localidad. Por tanto, una minoría ganará y la gran mayoría perderá.

Nos situamos ante un modelo de crecimiento exógeno muy alejado de lo pregonado por la políticas económicas de desarrollo local. Si, en el mejor de los casos, un gran número de funcionarios se quedaran a vivir en Morón, aumentaría la especulación urbanística y el precio ya alto de una vivienda se elevaría todavía más debido a la llegada de guardias civiles, funcionarios de prisiones y demás votantes progresistas. No parecen demasiadas, sino todo lo contrario, las oportunidades que se le abren a las miles de personas de este pueblo que han tenido que emigrar en los últimos años.

Por otro lado, nada asegura que mejoren las infraestructuras de comunicaciones y los equipamientos sanitarios. Sí está claro que, en caso de beneficiarnos de esas inversiones, sería por la llegada de más de dos mil excluidos sociales y varios cientos de funcionarios, y no por la exigencia, lucha y consecución de algo que le corresponde a este pueblo por justicia. No parece, por tanto, una victoria del pueblo de Morón sino más bien la confirmación de nuestra incapacidad para obtener los bienes públicos a los que legítimamente tenemos derecho. Además, parece un poco miserable aprovecharnos de estas supuestas ventajas a costa del sufrimiento ajeno y del mantenimiento de un sistema social y económico injusto. De esta forma, nuestra estructura económica pasaría a especializarse un poco más en industrias del sufrimiento al acoger, por un lado, y gracias al antiguo régimen franquista, a una base área desde la que se cargan bombas para masacrar a poblaciones inocentes, según el vocabulario de los que mandan y, por otro lado, y gracias al actual régimen populista-neoliberal, a una cárcel donde se recluye a los que sobran en esta sociedad según el anterior vocabulario, asesinos, violadores, etc.

Sobran razones: Cárcel, ¡NO!

Por todas estas circunstancias, nos situamos en contra de la construcción de cárceles y aún más de estos enormes centros que agravan los problemas ocasionados por la privación de libertad. Es necesario replantearse la actual política penitenciaria. Estos centros no sirven para cumplir el mandato de reinserción que marca la Constitución tan en boca de la derecha para otras cuestiones. Las cárceles sólo sirven para aislar a los previamente excluidos, desviando dinero de políticas sociales que podrían servir para luchar contra las causas de los problemas que tiene esta sociedad. La enorme inversión que se dedica a la política penitenciaria, 631 millones de euros (104.990 millones de pesetas), podría dedicarse a mejorar la asistencia social e invertir en beneficios para la población que crearían más riquezas en nuestros pueblos y redundarían, a la larga, en una reducción de la delincuencia, al mejorar las oportunidades ofrecidas a todos. Cada persona en prisión cuesta al Estado aproximadamente dos millones de pesetas. Es evidente que con esta renta muchas familias podrían salir de la situación de pobreza y marginalidad que conduce a algunos de sus miembros a la delincuencia.

Además, cada nueva plaza que se crea nos sale por cerca de 10 millones de las antiguas pesetas. Habría que pensar en estos asuntos y decidir si queremos, simplemente, aislar a las personas que molestan en la sociedad que estamos creando y castigar duramente por venganza, o preferimos reducir los niveles de delincuencia, evitar la reincidencia y buscar una sociedad más justa y, por tanto, segura.

Parece lógico pensar que es mejor gastar esa millonada en, por ejemplo, viviendas sociales, hospitales públicos o incluso en una renta básica para todos los que queremos vivir en los pueblos, en los medios rurales. Sin embargo, con este premio gordo de la derecha, Morón servirá de jaula para muchas personas. Llegarán a un lugar cada vez más especializado en vivir del sufrimiento ajeno, atrapado en las medias verdades de sus dirigentes, las peores mentiras y cada vez más carente de un mínimo compromiso social. A un pueblo desarticulado económicamente donde mayor crecimiento no significa, antes al contrario, mejorar la calidad de vida de la mayor parte de sus gentes. Nosotros, los moroneros, y ellos, los excluidos sociales que malvivirán cerca de nuestro pueblo, compartimos la principal causa de nuestros problemas. A saber, la hegemonía de un pensamiento excesivamente simplista que mira a las consecuencias y no a las causas de los problemas. Todo ello lleva en lo social, político y económico a un modelo cuasi-fascista de sociedad, en la que cada vez más gente queda excluida y una pequeña minoría se apropia de la riqueza socialmente generada por todos.