Soberanías y Economía social transformadora

Se ha publicado recientemente «Soberanías. Una propuesta contra el capitalismo», presentado del siguiente modo: «Este libro es una propuesta para la discusión, el debate y la acción que parte de la convicción de que no hay recetas ni programas perfectos a la hora de avanzar hacia la transformación social. Es un marco para un diálogo fecundo con todas aquellas personas interesadas en este proceso. No tenemos ninguna duda de que abandonar el capitalismo como marco de las relaciones sociales es urgente y necesario para nutrir nuestras vidas y vivirlas plenamente, y que nos hace falta comenzar a hacer el tránsito, desde ahora mismo, hacia la construcción de una sociedad mejor para todos y todas.»

A continuación se reproduce la contribución del autor de este blog a dicha publicación.

Epílogo. Soberanías y Economía social transformadora

Nada en capitalismo, nada del reformismo

El capitalismo sigue inmerso en una crisis que se agudizará en los próximos años y que nos dejará sociedades cada vez más devastadas. Este trabajo ha tratado de ofrecer una propuesta de transformación social, desde el convencimiento de que no hay recetas ni programas perfectos. Abandonar el capitalismo como marco de relaciones sociales es urgente y necesario para nutrir nuestras vidas y vivirlas plenamente.

El proyecto de integración económica europea ha destacado como el alumno más avanzado del neoliberalismo. El secuestro de la soberanía que suponen las directrices actuales de la «troika» provocan el empobrecimiento de las mayorías, mientras que las élites que se beneficiaron del ciclo de financiarización y se enriquecieron al amparo de la burbuja inmobiliaria hacen su agosto con las privatizaciones a precio de saldo del patrimonio público.

El capitalismo sólo puede existir en constante movimiento expansivo. Sin embargo, sufre un estancamiento que se remonta hasta mucho más allá de la presente crisis global iniciada en 2007. Este sistema no puede reiniciar una fase de crecimiento compatible con políticas redistributivas que permitan a nuestras sociedades disfrutar de un mínimo bienestar material y espiritual.

Este trabajo colectivo parte, por tanto, de la premisa de que el proyecto de la socialdemocracia ha muerto, fagocitado por la lógica implacable del neoliberalismo. El capitalismo actual no tolera ninguna redistribución, porque necesita hasta el último euro para asegurar sus funciones de inversión, malogradas por la crisis financiera y de sobreacumulación.

Para corroborar lo anterior aporta datos el informe «Premiar el trabajo, no la riqueza», de Intermón:

– El 10% de los más ricos aglutina más riqueza que el 90% restante; en concreto, un 53,8%.

– Los millonarios han logrado reunir 29 de cada 100 euros de la recuperación, y sólo 8 euros han ido a parar a los que menos tienen.

– Entre 2016 y 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada, y fueron cuatro los nuevos multimillonarios españoles que entraron a formar parte de la lista Forbes, donde figuran ya 25.

– La participación en la renta del Estado español de los más desfavorecidos ha disminuido un 17%, frente al 5% que han conseguido incrementar los que más tienen (cifra que se eleva al 9% en el caso del 1% más rico).

– 10,2 millones de personas tienen con una renta por debajo del umbral de la pobreza, lo que se traduce en una tasa de pobreza del 22,3%, es el tercer país europeo en desigualdad, por detrás de Rumanía y Bulgaria y empatado con Lituania.

– La remuneración de los trabajadores está lejos de los niveles de 2009.

– Los beneficios empresariales se dispararon un 200,7%. El coste laboral por trabajador apenas varió un 0,1%.

Por tanto, los pueblos de la Europa periférica tenemos que superar la etapa del reformismo respecto a la UE. Hay que vertebrar una Europa de los pueblos que plantee superar el proyecto de clase que representa hoy la Unión. Sin olvidar tampoco que nuestro proyecto político es un proyecto de clase, sin fronteras, ni nacionales ni regionales, que tiene que extender la mano a las clases populares de la otra orilla del mediterráneo y extender su solidaridad y necesidades de cooperación a América Latina y el resto del mundo.

La soberanía política y mucho más

La globalización capitalista y la actual hegemonía de la lógica del Mercado han agudizado el vaciamiento de la mayor parte de los contenidos y funciones de las instituciones definidas tradicionalmente como políticas. Hasta hace no mucho tiempo, el Estado-nación dictaba la mayor parte de las reglas dentro de las que debían desarrollarse las actividades económicas y las relaciones comerciales internacionales. Ahora, son las grandes instituciones de la globalización (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Organización Mundial del Comercio, etc.), que actúan como instrumentos del capital, especialmente el financiero, las que imponen las reglas dentro de las cuales deben desarrollarse las políticas de los Estados.

Los Estados han perdido su soberanía en las cuestiones económicas clave. Las personas con cargos políticos han pasado a ser principalmente meros gestores de los dictados de las instituciones de la globalización. Este vaciamiento de competencias políticas fundamentales deja sin sentido el concepto de “soberanía nacional” y deslegitima el sistema de democracia representativa. Así, actualmente, tanto la política monetaria como la fiscal (la confección de los propios presupuestos anuales) del Estado español y de otros países europeos se realizan conforme a las directrices de la “troika” (el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea), que luego controla su realización.  La democracia política se convierte en una expresión vacía sin realidad alguna y queda totalmente deslegitimada.

En este contexto, surgen voces y posiciones que plantean hacer frente a esta situación desde abajo, desde el convencimiento de que la recuperación de la democracia representativa es imposible y está condenada; que para enfrentar la actual crisis es imprescindible “la articulación de sujetos políticos enraizados en las instancias de control más inmediatas»[1].

No obstante, la construcción de nuevas instituciones políticas deberá huir de la sumisión a los poderes económicos globales y a sus reglas mediante el rechazo del capitalismo. Para ello se precisa construir un modelo económico, social, cultural y político que no tenga como eje la mercantilización de la vida para maximizar las ganancias sino las necesidades y anhelos de las personas.

Sin este planteamiento, la consecución de instituciones políticas propias no cambiará, en lo básico, la dependencia y subalternidad respecto a los poderes dominantes y sólo cambiará la élite política que administre los intereses de estos. A la soberanía en lo político le debe acompañar la soberanía en lo económico. Con estas premisas y para estos objetivos, enfrentados a la lógica mercantilista de la globalización, los movimientos soberanistas cobrarían verdadero sentido transformador. Si se sitúan fuera de estas claves, se reducirían a ser instrumentos en manos de élites locales aspirantes a participar en la cogestión de las decisiones que toman las instancias que rigen la globalización capitalista[2].

Entendemos la soberanía en plural, como “soberanías” que deben ser conquistadas, en algunos casos recuperadas, por y para la ciudadanía, a partir de desarrollar procesos y proyectos. Tal como ha quedado de manifiesto en este libro, en la mayoría de las soberanías ya existen multitud de procesos abiertos y en marcha, que en su praxis proponen una superación de los valores del capitalismo.

Del neoliberalismo territorial o una alternativa comunitaria generadora de soberanía económica

En este texto se adopta una visión de análisis desde abajo y, por tanto, para comenzar a hablar de soberanía económica parece adecuado iniciar la reflexión desde un territorio concreto. En este sentido, es relevante comenzar por conocer, aun sea someramente, las políticas económicas territoriales que el capitalismo ha puesto en prácticas en las últimas décadas, denominadas genéricamente como “desarrollo local”.

Estas políticas se han basado en gran medida en la defensa de los pequeños empresarios, “emprendedores” o autónomos (complementadas con las políticas de empleo basadas en la “empleabilidad”). Con la ilusión de poner “en valor” los recursos territoriales o “ideas innovadoras” se ha pretendido hacer creer que cualquier persona, o agente económico por pequeño que fuera, podía competir en el mercado global, aunque fuera a través de subcontratas o participando en la descentralización productiva de las grandes corporaciones. Para la puesta en práctica de estas políticas se han creado en las últimas décadas agencias (con financiación pública pero con fórmulas jurídicas privadas) que desde el territorio han gestionado políticas diseñadas desde arriba. La mayoría de las estrategias “progresistas” de promoción del desarrollo local han impulsado estas estrategias desde la premisa de que la globalización capitalista suponía un campo de oportunidades.

En realidad, estas estrategias han tenido y tienen como objetivo disolver el poder social del trabajo y la capacidad institucional de los territorios, poner el territorio al servicio de la generación de beneficios por parte del capital y “culpabilizar a la víctima”, es decir, propiciar que los territorios como las personas con problemas económicos busquen la causa en ellos mismos y no en el sistema socioeconómico vigente (la persona desempleada lo es porque no es lo suficientemente empleable; el territorio sin crecimiento o desarrollo lo es porque no pone bien en valor sus recursos).

Estas políticas no significan en absoluto mayor autonomía y participación en el desarrollo de las comunidades locales. Más bien todo lo contrario, pues con estas estrategias de “neoliberalismo territorial” son los capitales los que disponen del monopolio de la “participación” y las comunidades locales tan sólo pueden competir entre ellas por atraerlos mediante la puesta en práctica de medidas que favorezcan su valorización.

Sin embargo, para poder generar un tipo de desarrollo que favorezca los intereses generales de las personas que habitan un territorio se deben producir transformaciones en torno a cómo se produce y cómo se distribuye el excedente económico. Sin cambios de este tipo, el objetivo real continuará siendo la acumulación y el crecimiento económico según los intereses privados de los propietarios del capital, y la necesaria gestión social y sostenible de los recursos, la gestión orientada en función de los intereses de las personas, no será más que parte del discurso necesario para legitimar la verdadera finalidad.

La búsqueda de una “alternativa comunitaria” capaz de generar “soberanía económica territorial” requiere de una redefinición de las relaciones sociales y nuevas formas de producción y distribución, fundadas en categorías antiautoritarias y ecológicas. En este sentido, el término comunitario no significa una alternativa a los fracasos de las políticas estatales, sino “un campo para la lucha” en donde todas aquellas personas que son despojadas por el capital de parte de su trabajo (asalariado o reproductivo) a través de muchas vías, puedan organizarse y oponerse a las presiones derivadas de las estrategias del capitalismo global.

Se trata de desarrollar nuevas estructuras y formas de hacer las cosas. Formas legales y alegales de organización que se conviertan en elementos de una futura economía alternativa, creada desde abajo, desde el territorio o comunidad, y que tienen por objetivo esencial dar respuesta a las necesidades básicas de las personas. Es decir, generar una alternativa económica que sirva para satisfacer las necesidades de las personas al margen del mercado capitalista.

El ciclo o proceso económico básico puede dividirse en las siguientes fases: producción, comercialización-distribución, consumo y ahorro-crédito. Actualmente están surgiendo iniciativas económicas alternativas en cada fase del proceso económico. En su conjunto, estas iniciativas pueden servir para generar un sistema económico al margen del capitalismo. Se trata de la producción cooperativa, la comercialización solidaria, la distribución participativa, el consumo responsable y las finanzas éticas (en casos más concretos las monedas sociales).

Para generar una nueva economía es necesario conectar estas iniciativas y, de ese modo, crear interrelaciones que permitan la soberanía económica territorial y redes de intercambios alternativas (también se le denomina mercado social). En la medida en que los agentes de este sector socioeconómico estén vertebrados económicamente entre sí, menor será la subordinación al mercado capitalista. Para ello es precisa la intercooperación integral, es decir, la participación de cada una de las organizaciones y de sus miembros en la producción, el consumo y el ahorro dentro de la economía alternativa.

El mercado social implica intercooperar para desconectarse, en lo posible, de la economía capitalista. Para ello, requiere alcanzar la masa crítica suficiente de productores, consumidores y ahorradores solidarios en un territorio, y conformar redes territoriales de intercambio que cubran de manera significativa las necesidades de un número considerable de personas. Por tanto, el camino a seguir es multiplicar la intercooperación entre este tipo iniciativas. En definitiva, el desarrollo de estas redes de intercambio territoriales no sólo mejoraría la viabilidad de cada una de las iniciativas alternativas, sino que supondría dar vida a un embrión de nueva economía dentro del actual capitalismo senil.

 

Prácticas transformadoras de producción de bienes y servicios

Orientaciones generales: de una economía social legitimadora a otra transformadora

La transformación de la sociedad no es un acto que se realiza en un mo­mento dado o de un día para otro. Es un proceso permanente y doble. Por un lado, de resistencia al capitalismo y, por otro, de construcción de una sociedad diferente que, sin embargo, ha de iniciarse en el interior de los órdenes sociales vigentes. La transición al capitalismo nació en el seno del feudalismo y la alternativa al capitalismo sólo puede nacer en el seno de éste. Por ello, muchas actuaciones transformadoras serán, en sí mis­mas, contradictorias, porque vivimos en el capitalismo y casi cualquier cosa que se proponga hunde sus raíces en el mismo[3].

Ahora bien, todas las actuaciones, según la orientación que se les dé, pueden ser transformadoras o integradoras. El capitalismo es extraordinariamente hábil para integrar en su seno todo aquello que lo pudiera poner en peligro. Esto hace que muchas actuaciones iniciadas contra el mismo puedan terminar cooperando y reforzándolo. En nuestro caso, la cuestión es actuar sin acabar siendo funcionales al sistema; trabajar contra el sistema sin convertirse a la vez en reformistas del mismo. Es prácticamente imposible decir teóricamente qué es conducente a una alternativa total y qué no. Sólo la práctica y la reflexión continua sobre ello nos permitirán in­tentar que el rumbo no sea reformista.

Para empezar, y refiriéndonos a las prácticas productivas transformadoras, éstas deben partir de la base de que cualquier alternativa debe cuestionar las bases de la explotación. Además, a lo de organización productiva “no capitalista” le añadimos el concepto de “sin cla­ses” pues una sociedad anticapitalista puede estar fuertemente jerarquizada.

Para que estos planteamientos avancen en la dirección transformadora deseada, es relevante el impulso de prácticas socioeconómicas que se guíen por una serie de criterios para que sean verdaderamente transformadoras[4]:

• Avanzar hacia formas de propiedad no privada (comunal, cooperativa, municipal).
• Desarrollar procesos productivos que no sean explotadores (ni relación laboral capitalista, ni patriarcado, ni expolio de los recursos naturales).
• Desarrollar mecanismos de redistribución equitativos, no meritocráticos.
• Establecer mecanismos de toma de decisiones democráticos, ni jerárquicos ni despóticos.
• Apostar por procesos que prioricen la comunidad por encima del individuo.

Las prácticas económicas transformadoras suelen relacionarse con el concepto amplio de Economía Social (ES). Esta aparece vinculada históricamente a las asociaciones populares y las cooperativas, que constituyen su eje vertebrador. El sistema de valores y los principios de actuación del asociacionismo popular, sintetizados por el cooperativismo histórico, son los que han servido para articular el moderno concepto de ES estructurado en torno a las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones.[5]

Este tipo entidades sirven en muchos casos para la legitimación del actual sistema económico. Desde la perspectiva desde aquí buscada, se pretende avanzar en una Economía Social que sirva como alternativa, no como legitimador, del Capitalismo. En este sentido, se le añade el adjetivo “transformadora”. Se pretende avanzar hacia una “economía del trabajo emancipado”, que huye del control político y económico y apuesta por generar unidades económicas de producción de bienes y servicios radicalmente democráticas, autónomas y sostenibles.

 

Ejes para avanzar hacia unidades económicas de producción transformadoras

Históricamente las formas jurídicas que más se han aproximado a estas unidades productivas han sido las cooperativas. El cooperativismo tiene unos elementos diferenciados claros de la empresa capitalista convencional, sobre todo en el reparto del poder y la propiedad. Ahora bien, en muchas de estas empresas se reproducen las prácticas de la empresa capitalista convencional de capital; existe un sector cooperativista que no se identifica con las prácticas transformadoras y que asumen y legitiman el actual sistema capitalista. Se trata de pasar de un cooperativismo adaptativo al mercado a otro que siempre tenga los principios y valores transformadores, que no aspire a crear enclaves adaptados al capitalismo, máxime cuando el capitalismo se está viendo forzado a moverse hacia formas jurídicas más participativas.

En este sentido, y como elementos que nos sirvan como guía para avanzar en unidades o prácticas productivas transformadoras y no legitimadoras del capitalismo, se pueden utilizar unos ejes relacionados con cuestiones básicas de cualquier sistema económico, a saber: el trabajo, la propiedad y el valor.

 

A)     El trabajo

El trabajo asalariado es uno de los pilares del sistema capitalista. El elemento de transformación se encuentra en pasar del trabajo asalariado al trabajo libre asociado (de fuerza de trabajo o recurso humano contratado/comprado a productor libre asociado).

Los mercados para el trabajo, la tierra y el dinero son esenciales para el funcionamiento del capitalismo. Ahora bien, ni el traba­jo, ni la tierra, ni el dinero son mercancías. Ninguno de estos tres elemen­tos han sido producidos para la venta, por lo que es totalmente ficticio considerarlos mercancías.

El trabajo es la actividad eco­nómica que acompaña a la propia vida, la cual, por su parte, no ha sido pro­ducida en función de la venta, sino por razones totalmente distintas, y esta actividad tampoco puede ser desgajada del resto de la vida, ni puede ser almacenada o puesta en circulación. Sin embargo, para el capitalismo fue trascendental la mer­cantilización, monetización y privatización de la fuerza de trabajo. El capital sólo puede reproducirse sistemáticamente mediante la mercantilización del trabajo. Esto implica convertir el trabajo social, es decir, el trabajo realizado para otras personas, en trabajo social alienado, esto es, trabajo dedicado únicamente a la producción y reproducción del capital. Las personas con un trabajo asalariado que­dan en una situación en la que no pueden hacer otra cosa que reproducir mediante su trabajo las condiciones de su propia dominación. Eso es lo que significa para ellos la libertad bajo el dominio del capital.

La compraventa de servicios laborales precedió por supuesto al ascenso del capitalismo. Pero lo que el capital incorporó como rasgo distintivo es que podía crear la base para su propia reproducción mediante el uso de la fuerza de trabajo para producir un excedente (plusvalor) por encima del valor que necesitaba el trabajador para sobrevivir con determinado nivel de vida. Ese excedente es la base del beneficio capitalista, esencial para su propia reproducción. Lo más notable de ese sistema es que no parece basarse en el engaño, el robo o la desposesión, porque a los trabajadores se les paga el precio de mercado «justo», al mismo tiempo que se les pone a trabajar para generar el plusvalor que el capital necesita para sobrevivir.

Frente a esto, mediante el “trabajo libre asociado” se pretende des-alienar el trabajo y que las personas puedan determinar su propio proceso de trabajo. Las personas dejan de ser mercancías y desaparece la figura del capitalista, patrón, empresario, por un lado, y de trabajador asalariado por otro. La oposición de clase entre capital y trabajo se disuelve por medio de productores asociados que deciden libremente qué, cómo y cuándo produci­rán en colaboración con otras asociaciones y con el objetivo de la satisfac­ción de las necesidades sociales comunes.

 

B)     La propiedad de los medios de producción

La transformación social requiere optar por alguna forma concreta de propiedad de los medios de producción distinta a la propiedad privada.

La esencia misma del capital alberga una economía basada en la despo­sesión. La desposesión directa del valor producido por el trabajo social en el lugar de producción no es más que un eslabón (aunque primordial) de la cadena de desposesión que nutre y sostiene la apropiación y acumula­ción de grandes porciones de la riqueza común por «personas jurídicas» privadas.

Lo más importante de un sistema de producción alternativo es que permita a las personas controlar sus vidas, y esto es imposible con un sistema de propiedad privada. Por tanto, una unidad económica de producción de bienes y servicios transformadora debe basarse en la propiedad colectiva de los medios de producción y los bienes producidos.

Estas personas que forman la entidad o comunidad de producción ostentan tanto la propiedad de los medios de producción de la organización como la capacidad de decisión total de la misma. Por tanto, además de repartir la propiedad, el reparto se ampliará a la toma de decisiones (y excedentes, responsabilidades, etc.). Para alcanzar la autogestión y la democracia económica, además de la máxima “una persona, un voto”, es necesario asegurar que todas las personas de la comunidad tendrán acceso directo y completo a la información necesaria para la autogestión, y a su uso, teniendo como base los principios de la transparencia.

 

C)     El valor

En tercer lugar, se trata de producir bienes y servicios en función de, hasta donde sea posible, el valor de uso.

En una sociedad capitalista todas las mercancías que compramos tienen un valor de uso y un valor de cambio. Con el neoliberalismo, a partir de la década de 1970, el Estado se inhibe de las obligaciones de provisión pública en áreas tan diversas como la vivien­da, la sanidad, la educación, el transporte o los servicios públicos, con el fin de abrirlos a la acumulación privada de capital y a la primacía del valor de cambio. La crisis de 2008 era una crisis en el lado del valor de cambio que negaba a cada vez más gente el valor de uso adecuado de una vivienda, además de un nivel de vida decente. Lo mismo sucede en la sanidad y la educación a medida que las consideraciones del valor de cambio predo­minan cada vez más en la vida social sobre los aspectos del valor de uso.

La historia que oímos repetida en todas partes es que la forma más barata, mejor y más eficiente de producir y distribuir los valores de uso es desen­cadenando los instintos animales del empresario ansioso de beneficio, que le instan a participar en el sistema de mercado. Por esta razón, muchos ti­pos de valores de uso que hasta ahora eran distribuidos gratuitamente por el Estado han sido privatizados y mercantilizados. Cobra así relevancia la opción política entre un sistema mercantilizado que sirve bastante bien a los ricos y un sistema que se concentra en la producción y el abastecimien­to democrático de valores de uso para todos sin mediaciones del mercado.

A nivel micro de las unidades económicas de producción, en las entidades cooperativas y autogestionarias, es necesario hacer todo lo posible para que el valor de cambio (valoración estrictamente monetaria) se subordine al valor de uso (valoración amplia de satisfacción de necesidades de las personas); que las necesidades de las personas no sean subordinadas a la demanda solvente, y de este modo el mercado capitalista deje de ser el único o principal indicador de qué, cómo y cuánto se produce. De este modo, la producción de nuestra unidad productiva no se orientará al beneficio privado y al mero intercambio en el mercado sino a satisfacer las necesidades mate­riales básicas de la población y, en la medida que sea posible, sus deseos.

Se trata posiblemente del eje o elemento más difícil de alcanzar por las actuales entidades o unidades productivas pues el contexto en el que se mueven no les permite tener un grado de autonomía demasiado amplio. Este grado de autonomía o margen de maniobra dependerá, en muchos casos, del nivel de competencia (que no competitividad) con la que la entidad produce sus bienes y/o servicios, así como de la puesta en marcha o aumento de relevancia de canales de distribución, instrumentos de financiación y modos de consumo alternativos y complementarios al nuevo modo de producción.

 

[1] Expresión tomada de Enmanuel Rodríguez. http://ctxt.es/es/20171025/Firmas/15861/republica-izquierda-espana-catalunya-historia.htm

[2] Ideas tomadas de Isidoro Moreno. Para ampliar ver Moreno, I., y Delgado, M. (2013). “Andalucía: una cultura y una economía para la vida”. Ed: Atrapasueños SCA y Autonomía Sur SCA.

[3] Esta apartado se tiene como principal fuente: “Reflexionando sobre las alternativas”, Seminari d’Economia Crítica Taifa, 2013.

[4] Resumen de la matriz de transformación social propuesta por el Seminario de Economía Crítica Taifa.

[5] CIRIEC (2007): “La Economía Social en la Unión Europea”.