as organización que agrupa al cooperativismo empresarial del Estado , la Confederación Empresarial Española De Economía Social (CEPES), elabora la publicación “Empresas relevantes de la Economía Social 2016-2017”. Se trata de un listado de empresas que aque llevan en su forma jurídica la palabra cooperativa, en apenas nada se las distingue de empresas convencionales de capital. (Ver https://www.cepes.es/social/ranking)
En Andalucía destacan las vinculadas con la agricultura y la ganadería. Al frente de la clasificación se sitúan DCOOP (primer productor de aceite de oliva) y COVAP (ganadería del Valle de los Pedroches). Le siguen varias cooperativas de segundo grado que agrupan a explotaciones de agricultura intensiva de Almería (UNICA, VICASOL, SUCA y MURGIVERDE). Posteriormente se sitúan Granada La Palma y Agrosevilla (aceituna de mesa).
En conjunto, se trata de cooperativas de segundo grando con origen en las sociedades cooperativas agrarias. Estas son empresas que se crearon en un buen número en el franquismo. También se les llamaba empresas asociativas o cooperativas de servicios a los propietarios de tierras.
Y es que en la década de 1950 y 1960, los propietarios de tierras se tuvieron que unir para no verse expulsados de la producción y del mercado, para modernizar sus procesos de producción y conseguir mejores precios. Por ello, constituyeron en palabras de M. Houbert “empresas de tipo capitalista, las cuales, sin embargo, no tenían por objeto la producción agraria misma, sino la articulación entre las empresas familiares y el mercado de los productos, de los insumos, del crédito, etc.” No sólo se unieron los pequeños y medianos propietarios de tierra. Algunos grandes propietarios vieron también en estas cooperativas un medio de explotar a los pequeños y medianos productores en tanto que el esfuerzo colectivo de estos permitía la creación de fábricas o almacenes que se utilizaban principalmente en provecho de los primeros. De este modo, dice el autor, “modernización y la capitalización del campo, en vez de poner en tela de juicio el poder económico, social y político de los caciques, podía reforzarlo considerablemente.”
El Estado franquista favoreció estos procesos. Haubert lo expresa del siguiente modo: “El aumento de la producción agraria y la ordenación del mercado correspondían a objetivos estratégicos respecto al abastecimiento de los grandes centros urbanos e industriales o al comercio exterior de la España franquista. Como era económicamente y políticamente imposible alcanzar esos objetivos apoyándose únicamente en las explotaciones típicamente capitalistas, las cooperativas parecían el medio más adecuado de penetración del capitalismo en el campo, por lo menos como fase transitoria. Además, el cooperativismo permitía sufragar la mayor parte de los costes de esta política a los propios agricultores, a los que se incentivaba por beneficios fiscales, créditos preferentes, etc. Y como las cooperativas estaban estrictamente encuadradas en el sindicalismo vertical, estaba asegurado el control social y político del campesinado. (Haubert, M., 1984: 60).
A estas cooperativas con origen en pleno fanquismo, se unen al frente del ranking otras creadas en las últimas décadas y vinculadas con la agricultura intensiva de Almería y Huelva. Este tipo de agricultura se caracteriza, precisamente, por llevar a cabo fórmulas de manejo de la tierra que hacen de la máxima explotación natural y laboral (con relevancia de la inmigración) sus principales ventajas comparativas.
Por tanto, estas grandes sociedades y empresas, aún siendo formalmente cooperativas, no pueden asimilarse a la autogestión y participación que persigue el movimiento cooperativo. Estas grandes empresas (quedan al margen honrosas excepciones de pequeñas cooperativas agrícolas que sí tienen como objetivo la mejora de los pequeños agricultores) apenas ponen en marcha estrategias de democracia económica. La distribución de las injentes rentas que generan no repercuten como deben en el campo andaluz, sino que privilegian los intereses de un grupo de dirigentes con fabulosos salarios propios de multinacionales. Las cúpulas de estas cooperativas están compuestas por una clase gerencial formada en los mismos lugares (por ejemplo, Instituto San Telmo) que los directivos las grandes empresas de capital y con los mismos objetivos y herramientas.
Las grandes cooperativas agrarias andaluzas que encabezan los ranking son empresas que actúan al servicio del actual capitalismo global, que las utiliza para succionar la riqueza que en forma de aceite, aceitunas, productos de agricultura intensiva o ganaderos genera la agricultura andaluza. El nombre de cooperativa, y el desamparo secular del pequeño propietario andaluz, hace que estas empresas provoquen una simpatía en la mayoría de los casos inmerecida. Son empresas de tipo capitalista que someten a las cooperativas de primer grado y articulan a los pequeños propietarios andaluces con la globalización, con la mediación y control de grandes propietarios que se aprovechan de los primeros. De este modo, las grandes cooperativas empresariales refuerzan, en pleno siglo XXI, como diría Haubert, el poder “económico, social y político de los caciques.”
Al igual que el Estado franquista, la actual administración andaluza, española y europea ha favorecido estos procesos. De este modo, y disfrazado de “economía social”, el Estado afianza la situación secular del medio rural, donde, como siempre han dicho los jornaleros de la aceituna, “la carne va para unos pocos y los huesos para la mayoría”.