Escribe Raúl Estévez en las páginas de economía del Diario de Sevilla un artículo con este título: “El despacho de abogados Ontier crea un área dedicada a la agricultura”. El subtítulo habla de sus buenas intenciones: “El objetivo es apoyar al sector en un momento de gran complejidad.” El periodista acudió al acto que el bienintencionado “bufete de abogados español” celebró en la Cámara de Comercio de Sevilla.
El “presidente internacional” de este “despacho español”, con una de sus principales sedes en Sevilla (donde hay que mamar; y de donde hay mucho que succionar) lo explica tal que así: “Hemos agrupado a una serie de profesionales multidisciplinares para seguir las preocupaciones del sector y ayudar en el desarrollo de sus empresas”.
“El sector” no son sus jornaleras o jornaleros, la pequeña propiedad o las pymes agroalimentarias. “El sector” es quien tiene poder en el sector. Sólo necesita apoyo quien puede pagarlo, claro. Y así, al acto fueron invitados “los principales empresarios y agentes del sector para dar a conocer el potencial de este departamento, que tiene como principal valor su conocimiento preciso de toda la cadena alimentaria.”
El encargado de capitanear a este grupo de expertos que ayudarán a la parte del sector que menos lo necesita a continuar succionando la sangre del resto se llama Luis Osuna. Una persona lógicamente del “sector succionador”, no en vano ha sido CEO (en gilipollas, jefe) de Covirán y presidente de la patronal de la distribución andaluza CAEA. El lumbreras en su magno discurso indicó: “En este contexto es muy importante que los distintos eslabones de la cadena alimentaria colaboren para lograr una mayor eficiencia”. Es decir, a seguir explotando a las mayorías para que las minorías a las que ellos pertenecen sigan apropiándose eficazmente de la riqueza colectiva.
Nada nuevo bajo el sol. O sí. Igual la llegada de nuevos capitales de fondos especulativos deseosos de comprar tierra, las nuevas regulaciones estatales y comunitarias o los procesos de concentración de la cadena alimentaria provocan la necesidad de “un nuevo tipo de asesoramiento legal” que permita empeorar la situación de injusticia y desigualdad que sufre el campo andaluz.
Y es que la situación viene de lejos. El Maestro Carlos Arenas nos decía en su imprescindible “Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz”[1] lo siguiente: “La revolución liberal y el mercado debieron poner a los individuos en pie de igualdad a la hora de formarse y, por tanto, evitar la aparición de fórmulas «culturales» de dominio. Sin embargo, como sabemos, la revolución liberal en España no solo no erradicó las viejas formas de explicitar el prestigio, sino que introdujo otros mecanismos de distinción por la vía del mérito académico. En Andalucía, en la cima del prestigio siguieron estando las carreras militares y eclesiásticas, y se les añadió, como la que más, los estudios de Derecho. El licenciado en Derecho reunía todos los atributos que necesitaban las elites agrarias y mercantiles para reproducir su proyecto económico y político.” Y termina diciendo: “A comienzos del siglo XXI, Andalucía seguía siendo una de las comunidades donde más proliferan los abogados, lo que ha sido interpretado como un signo de infradesarrollo.”
Hoy, comenzando la tercera década del siglo XXI, estos bufetes son armas para las personas que continúan saqueando Andalucía. Representan herramientas necesarias para continuar con la dependencia económica de la colonia andaluza y, por tanto, agentes a contrarrestar con otras organizaciones de asesoría jurídica y económica que asuman la protección de nuestra tierra, sus clases populares y grupos sociales mayoritarios. Impulsar estas organizaciones es un mínimo a realizar por todas aquellas personas que de manera consciente quieran una transformación justa de Andalucía.
[1] Editado por el Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la presidencia y la administración local. 2016.